¿Cuándo comienza a ser interesante para el gobierno y los grandes medios de comunicación nacional el tema de la huelga de los 32 presos mapuches? Pues hace muy poco tiempo, sólo el 3 de septiembre, en el día 53 de la huelga de hambre y después de la última encuesta que reposiciona al Presidente Piñera producto de las faenas de rescate de los 33 mineros y ante el riesgo de empañar la celebración del Bicentenario.
El actual gobierno se mueve por encuestas más que cualquier otro anterior, para los que también eran un instrumento de construcción de estrategias de comunicación. Sin embargo, en este se conjugan el poder político, económico y comunicacional en manos del mismo sector ideológico.
¿Cuándo interesaron los mapuches a los anteriores gobiernos? Cuando debieron responder policial y judicialmente a las exigencias de comunidades más beligerantes o con un esfuerzo sustantivo, pero no necesariamente adecuado a lo exigían culturalmente, a través de programas de compras de tierras o sociales como el Orígenes financiados por el Banco Interamericano del Desarrollo BID.
El olvido es algo común con el tema mapuche, sobre todo con un potente gremio la Asociación Nacional de Agricultura, capaz de hacer un lobby suficientemente fuerte para incidir en cuáles serían las acciones finales de los diversos gobiernos. O la propia fiscal de la Corte Suprema, Sra. Mónica Maldonado, reconoce que Gendarmería contraviene las disposiciones de la Convención Contra la Tortura y la propia Constitución respecto a las prácticas usadas en los centros de detención.
Hoy la presión ha sido mayor, más aún después de romper el cerco comunicacional gracias a las redes sociales de internet y los movimientos ciudadanos. Ahora se suman públicamente, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, las agrupaciones internacionales de Derechos Humanos como Amnistía, figuras emblemáticas de la Iglesia como Monseñor Baeza, la prensa internacional, gobiernos europeos, una red nacional e internacional de historiadores e intelectuales, incluyendo al destacado escritor nacional Luis Sepúlveda.
Tanto el actual gobierno como los de la Concertación están al debe con la aplicación del Decreto 169 de Naciones Unidas, hoy los comuneros mapuche presos sin estar involucrados en hechos de sangre, menores de edad o ancianos son tratados como terroristas y no por delitos comunes, sin embargo el personal policial involucrado en la muerte de comuneros obtiene beneficios de la ley penal civil.
Sin duda que cuando el país en su conjunto acepte las recomendaciones sobre despenalización de la protesta social; el respeto al principio de igualdad y la garantía de condiciones y medios procesales para todas las partes; dejar de usar testigos anónimos o enmascarados e impedir su contra interrogatorio; terminar los juicios de civiles en la justicia militar y finalmente revisar completamente la ley sobre delitos terroristas, estaremos de nuevo en condiciones de reencontrarnos culturalmente con nosotros mismos.
¿CUÁNDO COMIENZA A SER DE INTERÉS EL TEMA MAPUCHE?
