Por Yessica Almonacid

“Pese a la promesa del ejecutivo de respetar la condición laboral de los funcionarios que declararon ante esta comisión, o que permitieron el conocimiento del conjunto de las irregularidades ya anotadas, se ha procedido a exonerar a algunos de ellos. Parece pertinente que el ejecutivo, honrando su promesa, proceda a restituir a esos funcionarios en un acto reparatorio de toda justicia…”

Esa fue la conclusión número siete del informe de  la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que fue aprobado la semana pasada. Fueron ocho meses de un serio trabajo que realizó esta comisión después de la aprobación del proyecto Hidroaysén en mayo del 2011, donde distintas organizaciones denunciaron irregularidades, una de ellas fue la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.
Como dirigenta de la ANEF, me alegra que se reconozca explícitamente lo que denunciamos respecto a la persecución y presiones de la que son objeto los funcionarios públicos que se atrevieron a denunciar dichas irregularidades.

Lamentablemente, hoy siguen las persecuciones, muestra de ello es una carta pública escrita por la Asamblea de la Asociación de Funcionarios del Serviu y del Minvu, dirigida al Ministro de Vivienda y Urbanismo, donde denuncian prácticas antisindicales, me permito leerles un extracto de la carta: “Con respecto a los tres  funcionarios que fueron citados a declarar a la Comisión Investigadora  del Caso Hidroaysén en la Cámara de Diputados, y a pesar de que dos de ellos  presentaron sus denuncias acogiéndose a la Ley Nº20.205, de todos modos se les iniciaron sumarios y se les formularon cargos tales como multas, suspensión y destitución. Sin embargo, y a pesar de que aún están en proceso de apelación, el ex-funcionario evaluador del proyecto mencionado, finalmente renunció dado el ambiente laboral hostil y la falta de imparcialidad en los sumarios. En relación a la ex-funcionaria encargada de oficina de partes, y aun cuando está en apelación de la medida de destitución, de todos modos se le notificó de la no renovación de su contrato para el año 2012.

Y finalmente, con respecto a la tercera funcionaria citada a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la  cual se trata precisamente de nuestra actual presidenta, Srta. Natacha Pot, cabe señalar que el Secretario Regional Ministerial (S) ha solicitado a la Dirección del Trabajo,  no sólo su inhabilidad o incompatibilidad como presidenta de la asociación, sino que también de oficio ha impugnado el acto eleccionario realizado el día 01 de diciembre de 2011 y a la totalidad de los candidatos al directorio, en abierto intervencionismo a esta asociación gremial desconociendo su autonomía y los tratados firmados por nuestras autoridades con la Organización Internacional del Trabajo OIT.

El alejamiento y obstaculización de las funciones de nuestra presidenta, actualmente le impiden desarrollar sus labores funcionarias y gremiales, mediante actos ejecutados por la autoridad administrativa sin el cumplimiento de la normativa vigente acerca del fuero, tales como el retiro del computador desde su escritorio, la deshabilitación de la cuenta de correo electrónico institucional y del reloj control de asistencia, y lo que es más grave aún, la notificación de término anticipado de contrato aun siendo candidata a la asociación que goza de fuero. Mediante dichas acciones, se vulnera el fuero establecido en la Ley N°19.296 cuya esencia y fin se relaciona con dar protección a los dirigentes de represalias por parte de las jefaturas del servicio, esto aun cuando las instancias de requerimiento a la Contraloría y a la Dirección del Trabajo se encuentran en trámite”.

Estimados auditores/as, creo que estas situaciones hay que denunciarlas porque los funcionarios que denunciaron irregularidades en el proceso de Hidroaysén, sólo cumplieron con su deber, los servidores públicos no trabajamos para el Gobierno de turno, sino para todos/as los chilenos y chilenas, por esa razón cuando las decisiones políticas atentan con la calidad de vida de las personas, o no se respeta la institucionalidad pública, nuestra obligación es denunciar, así lo dice la ley. Espero que la autoridad tome conciencia del error que está cometiendo con los funcionarios del Serviu y deponga las medidas arbitrarias e injustas que está cometiendo.