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Alrededor de 45 reclusos de la región podrían beneficiarse con modificaciones al sistema penitenciario

Seremi de Justicia dijo que las medidas apuntan a evitar aumento de población penal

Este martes el Gobierno dio a conocer las reformas que se quieren implementar en materia carcelaria para descongestionar los recintos penitenciarios del país, medidas que más que desocupar los centros de detención buscan evitar el explosivo aumento de la población penal.

Según explicó el Seremi de Justicia Víctor Oyarzún se busca evitar que más de 10 mil personas ingresen al sistema y a la vez de potenciar el pago de las penas menores con trabajo comunitario.

De esta manera las personas que tengan condenas en dinero, penas inferiores a 1 año, que gocen de libertades condicionales, así como quienes tengan el beneficio de salida diaria o reclusión nocturna y las mujeres de buena conducta que hayan cumplido con más de 2/3 de su condena, podrán acceder a los beneficios previa firma de un compromiso de no delinquir, pacto que de no cumplir los enviará directamente a la cárcel.

Según cifras entregadas por Oyarzún, en la región al día de hoy existen 33 personas que pagan penas de reclusión nocturna, 7 con el beneficio de salida diaria y alrededor de 5 mujeres con 2/3 de su pena carcelaria cumplida.

Por otro lado agregó que el punto negro del sistema carcelario de la región es el recinto penitenciario de Coyhaique. La cárcel en cuestión fue construida con capacidad para 90 personas y hoy alberga a 110 reclusos, a lo que se suman sus deplorables condiciones de infraestructura, situación por la cual ya existe el compromiso del Ministerio de Justicia y el Gobierno Regional de construir un nuevo recinto que podría tener un costo estimativo de 5 mil millones de pesos.

El Seremi de Justicia explicó que la posibilidad de entregar beneficios a las personas de la tercera edad por razones humanitarias, se dejó fuera de la iniciativa para evitar que la discusión política entorpeciera la tramitación del proyecto.

Finalmente el Seremi indicó que la situación en la que actualmente viven los reclusos del sistema carcelario chileno atenta contra los derechos humanos de los mismos, situación que se ha transparentado según él, durante la gestión de este gobierno.

 

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