Presidente de la Multigremial, indicó que no se trata de solicitar condiciones de excepción respecto al resto del país, sino igualar los beneficios y subsidios

Este jueves los distintos sectores productivos de la región presentaron sus propuestas al subsecretario de hacienda Rodrigo Álvarez, con la finalidad de incentivar la actividad económica y el desarrollo de la región.

Hay que recordar que el representante de hacienda manifestó que el Gobierno tiene pretensiones de modificar algunos instrumentos tributarios entregados a las zonas extremas porque se consideran ineficientes.

En este mismo sentido el presidente de la multigremial Alejandro Cornejo planteó que la patagonia es una macrozona con desigualdades, ya que Aysén posee la mitad de instrumentos de incentivo que Magallanes. Dentro de ellos destacó la necesidad de poseer recintos para la operación de la zona franca a plenitud en la región.

Respecto del decreto ley 889 Cornejo fue enfático en señalar que se debe mantener, mejorar y aumentarse por un plazo no menor a los 10 años. “Pensando que la esa es la meta del Gobierno para superar la pobreza, planteamos que el cálculo base de la bonificación se aumente, es decir, que se pueda recibir la bonificación de un 17 por ciento sobre la base imponible y además que pueda llegar a un 105 por ciento sobre ese monto, en otras palabras un monto regionalizado”.

Según explicó el presidente de la multigremial el mejoramiento del decreto ley 889, incentivará el pago de mejores remuneraciones e impulsará el desarrollo de capital humano.

Respecto al DFL-15 agregó que los proyectos que cumplen los requisitos para postular al incentivo, debiesen acceder directamente al beneficio y no a través de un concurso, lo que en su opinión ayudará a incentivar la inversión y reinversión regional.

Por otro lado los sectores productivos de la región propusieron nuevas iniciativas que permitan igualar las condiciones en las que compite la región, entre ellas eliminación del impuesto específico de los combustibles, subsidios al transporte y que los costos de la ruta 7 no sean financiados con los dineros del gobierno regional.

Finalmente explicó que el 27 de noviembre del año pasado se realizó el reconocimiento de zonas aisladas y la necesidad de las mismas de requerir leyes de excepción, lo que permite que desde los gobiernos regionales se puedan realizar propuestas, razón por la cual se conformó una mesa público privada para discutir esta propuesta y otros temas de interés regional.