Esto ante la concesión de derechos mineros que tiene una familia en el sector y que el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, habría pasado por alto

En los años noventa María Chiguay y José Mancilla, a través de la sociedad legal María y José, solicitaron una manifestación minera, es decir, la concesión para explorar y explotar 57 hectáreas del sector Escuela Agrícola, Lote A-1 en Coyhaique. Esta solicitud fue acogida por la Gobernación Provincial. Sin embargo, el Serviu Aysén conociendo estos datos, de todos modos inició un proceso de construcción de 1047 viviendas. Actualmente el sector aludido se encuentra en etapa de pavimentación y urbanización.

Marcelo Rodríguez, abogado que lleva la causa, indicó que el Serviu está infringiendo los derechos de la familia, por lo que ante una solicitud legal, el tribunal emitió la orden de no proseguir con las obras de construcción. “Consideramos que el Serviu, que es quien mandata la construcción de esta obra, está realizando una serie de movimientos de tierra y de construcciones para levantar 1047 viviendas. Hoy día está infringiendo los derechos de esta familia y por lo tanto nosotros -usando los mecanismos legales- el tribunal decreta la paralización de las obras. Es un decisión muy importante, porque de alguna forma está implícitamente reconociendo el derecho de la familia constituida por María Chiguay y por José Mansilla, y que están siendo afectados por esta construcción y que les va a impedir realizar más adelante cualquier trabajo en esa zona”, explicó el jurista.

Posible retraso de proyectos sociales

Esta situación, claramente puede afectar a las miles de familias que por años han estado a la espera de la construcción de sus viviendas, ya que con esta orden de paralización de obras puede retrasarse el proceso para obtener sus casas.

Al respecto Rodríguez fue enfático al señalar que no es intención de sus representados entorpecer el proyecto de vivienda, sin embargo acusó que el Serviu sabía desde un inicio el estado de concesión de dicho predio; no teniendo la voluntad de negociar al respecto. “Estamos concientes de esa temática y nos parece preocupante, pero no hay que olvidar que Serviu desde un primer momento sabía que esta familia tenía su derecho minero constituido, o sea, es el Serviu el que está pasando a llevar los derechos de esta familia. Si ellos querían evitarse cualquier problemática era cosa de llegar a un acuerdo, pero creo que el Serviu estimó que podía hacer y deshacer y afectar el derecho de estas personas y no pagar ni un peso y se expuso a esta situación. Ahora tienen que encontrar una solución. Es lo que nosotros esperamos, no nos interesa afectar el fondo de este proyecto”, explicó Rodríguez.

El juez titular del Juzgado Civil de Coyhaique José Ignacio Mora Trujillo, emanó la orden el 19 de abril de suspender provisionalmente la obra nueva del proyecto habitacional. El Serviu por su parte, no ha ingresado formalmente ningún tipo de recurso para revocar esta orden judicial.