Abogado de la familia con derechos mineros reclama que es un atentado que la empresa tome justicia por sus manos y desobedezca un mandato judicial

El proyecto habitacional que lleva adelante el SERVIU en el sector Escuela Agrícola, pese a la orden judicial de suspender las faenas, no ha respondido al mandato, lo cual fue constatado in situ por el abogado que lleva la causa, Marcelo Rodríguez.

El receptor del Juzgado Eduardo Ulloa quien llevó la orden de suspensión notificó a Mario Armijo Espinoza Jefe de terreno de la empresa FRAMAR Limitada. Al respecto Armijo expresó su preocupación por esta suspensión, ya que son más de setenta los trabajadores que quedarían momentáneamente sin trabajo. “Creo que va afectar a la empresa y los trabajadores, porque es una fuente laboral y esto significa que van a cortar a gran parte de las personas que están trabajando en estos momentos. Además también afectará a los comités que tienen la esperanza que terminemos pronto”.

La empresa FRAMAR está realizando la etapa de urbanización, es decir, pavimentación y alcantarillado de las calles perimetrales con un 85% de avance. Según dijo Armijo el contrato con el Serviu finaliza en mayo, por lo que a su parecer es urgente revertir esta suspensión cuanto antes.

Empresa tomó la justicia por sus manos

En tanto el Abogado Marcelo Rodríguez, expresó su molestia ante la actitud de la empresa de proseguir en las faenas, indicando que le parece esta conducta “como un atentado al derecho el tomar la justicia por sus manos y seguir trabajando”…La verdad es que estamos conciente de esa temática y nos parece preocupante, pero no hay que olvidar que Serviu desde un principio sabía que esta familia tenía su derecho minero constituido, o sea, es el Serviu el que pasa a llevar los derechos de esta familia. Si ellos querían evitarse problema, era cosa de llegar a un acuerdo. Sin embargo, el serviu estimó que podía hacer y deshacer y no pagar ni un peso. Ellos se expusieron a esta situación y tienen que buscarle solución, no es nuestra intención afectar el fondo de este proyecto”.

Rodríguez añadió que la actitud de la empresa podría constituir un delito de desacato, esbozando que el Serviu al conocer del mandato judicial, serían ellos mismos los que dieron la orden a la empresa de seguir con los trabajos.

El Abogado Marcelo Rodríguez llevó al lugar a un notario para que certificara la situación, estimando que la acción de desobedecer la orden puede ser un agravante para el Serviu en este litigio.