La doctora Carlota Mcallister calificó los estudios presentados por la empresa de “pobres y tendenciosos”.

Una de las principales críticas realizadas por los detractores al proyecto Hidroaysén han sido los insuficientes antecedentes entregados en materia de impacto social, en las zonas afectadas por el emprendimiento y su poco clara política de relocalización.

Situación que se hace relevante después de lo sucedido en la construcción de la central Ralco en el alto Biobio, zona que en la actualidad se encuentra pagando un alto costo social por un proyecto que al igual que Hidroaysén pertenece a Endesa.

Con la finalidad de conocer los alcances sociales del mega proyecto desde un punto de vista profesional y técnico, Radio Santa María se contacto con la antropóloga, doctora en antropología y profesora de esa disciplina en The York University Toronto Canadá, Carlota Mcallister; quien fue clara en que el tema social ha sido marginalizado y tratado de manera poca seria.

La antropóloga explicó que Hidroaysén ha tratado a la comunidad afectada bajo la figura de la propiedad , es decir, considera afectados a quienes tienen propiedades en la zonas intervenidas, a pesar de que la iniciativa impacta también al resto de la población, destacando a su parecer, que no existe un concepto de lo social dentro de los estudios realizados.

Mcallister señaló que en el tema de la relocalización es donde se evidencia con más fuerza el trato dado por la empresa a las temáticas sociales, ya que por ejemplo en el caso de la junta de vecinos Los Ñadis; si bien los reconoce como comunidad humana, nunca ha tratado con ella en su conjunto. Contexto que aclaró, se da también en otras comunidades afectadas. “En muy pocas ocasiones han tratado con ese grupo humano como un grupo. Siempre han ido de casa en casa tratando con cada dueño de predio por aparte. Nunca han tratado con la comunidad en su totalidad y eso ha dado lugar a una subestimación de la importancia de esa comunidad para la gente que vive en ella. El plan de relocalización no contempla de ninguna manera reponer los lazos comunitarios que se perderían en el caso de la relocalización”, explica.

La doctora en antropología describió que la gente que se debe reubicar se dedica a la ganadería extensiva, actividad que como característica significativa depende mucho de las relaciones con sus vecinos, no contemplándose como se verán perturbados al tener que rehacer sus vidas en ausencia de las relaciones sociales que durante generaciones han sostenido su manera de vivir.

Estudios Técnicos Viciados

Por otro lado la académica canadiense se refirió a los estudios técnicos presentados por hidroaysén en su tercera adenda, publicación que cuestionó, así como a su autor ya que según ella fue aparentemente realizada por el mismo antropólogo que realizó los informes de Ralco en el alto Bíobío.

“Hizo un estudio muy pobre en términos antropológicos, en el cual fue a visitar a varias familias siempre con vehículos de Hidroaysén, según me ha contado la gente y siempre en presencia de personal de Hidroaysén; lo cual quita bastante objetividad a sus estudios y haciéndoles una encuesta un poco bizarra sobre sus preferencias, comparando el campo donde viven actualmente con un campo imaginado y pasó en muchos casos un par de horas o quince minutos con las familias”, expresa.

Mcallister fue enfática en explicar que las metodologías usadas por el profesional contratado por Hidroaysén, que por cierto reafirmó la idea de que las familias prefieren negociar individualmente con esa empresa, fue bastante incompleta y pobre. No se realizo observación participativa, es decir, trabajo de campo que consiste en convivir con la gente y conocer a través de la experiencia la forma de vida de las comunidades, herramienta fundamental para un verdadero estudio antropológico, considerando las metodologías usadas por Hidroaysén desde el punto de vista profesional como “pobre y tendencioso” restándole validez.

Para la antropóloga el estudio está viciado y lo peor es que las familias y la comunidad están divididas, resultando del proceso una competencia de quien negocia mejor, en vez de tratar de acomodar a un grupo humano en las mejores condiciones posibles.

Impactos sociales profundos

El escenario actual responde a que la provincia de Capitán Prat posee muy pocos terrenos aptos para la ganadería, siendo el mejor de ellos, justamente el territorio a inundar, no existiendo lugares de similares características, lo que en definitiva origina la sensación de que quien no negocia de inmediato con la empresa, recibirá los peores terrenos.

La profesional destacó que los impactos sociales ya están afectando a los cochraninos y a los habitantes de Capitán Prat, situación que debiese contemplarse como impacto del proyecto Hidroaysén. “Vengo a Cochrane desde hace tres años. He notado en ese tiempo el cambio en este pueblo que es muy chiquito, donde las relaciones sociales son de una importancia fundamental. He notado la creciente división entre la gente, desconfianza tanto hacia la gente de fuera, como entre ellos mismos. Creo que eso debiera contemplarse como un impacto del proyecto, aún cuando la iniciativa ni siquiera ha comenzado a andar”.

Finalmente hay que agregar que situaciones como las descritas debiesen haber sido consideradas dentro de las observaciones realizadas por la secretaría regional de planificación y coordinación, Serplac, entidad que finalmente aprobó el proyecto Hidroaysén con recomendaciones.