Amparan su postura en las observaciones de los servicios públicos que no fueron consideradas, ni respondidas por Endesa Colbún.

Asistentes Sociales de la región manifestaron su rechazo absoluto a la aprobación del proyecto Hidroaysén, posición que se basó en el análisis de las observaciones realizadas por los servicios públicos al polémico proyecto.

Los profesionales basaron su rechazo en el actuar de las autoridades regionales,  pues en la Adenda número 3, entregada por Hidroaysén no fueron respondidas observaciones relevantes realizadas por los servicios públicos en las etapas previas.

Entre ellos el Estudio orientado a “Conocer las expectativas de las familias respecto de sus soluciones de  relocalización”, del consultor Juan Le-Bert, contratado por hidroaysén, que deja fuera a 26 familias de un total de 37. Es decir, no considera a más del 70% de los afectados. Además de no considerar a la comunidad de los Ñadis.

Las más de 5 mil personas que llegaran a la provincia de Capitán Prat y que según Hidroaysén vivirán aisladas, pretendiendo que no tengan libertad ni puedan interactuar con la comunidad en sus ratos libres, lo que generará  demandas  en vivienda, salud, infraestructura sanitaria, esparcimiento y eventualmente, en el sector justicia. Es decir, a futuro el Estado, subsidiará los efectos de un proyecto privado.

Critican que la empresa  no haya cumplido con  la solicitud de la Dirección Regional de Aguas, en torno a definir el cauce de los ríos considerando 100 años de retorno. Ello para la evaluación de riesgos, producto de los fenómenos GLOF o vaciamiento de los lagos  y las consiguientes crecidas de ríos.

En áreas como el turismo en que Sernatur ha invertido más de tres millones de dólares fiscales para posesionar la marca Aysén reserva de agua y vida, además de las observaciones del sector salud en cuanto a la tasa de enfermedades de transmisión sexual. Todas situaciones expresadas en su momento por los servicios públicos y que finalmente a pesar de no ser respondidas se aprobó Hidroaysén.

En base a todo lo anterior manifiestan su rechazo absoluto al proyecto Hidroaysén, al intervencionismo de las autoridades del estado; quienes han vulnerado la institucionalidad vigente y a su discurso político autocomplaciente que dice que hay que tomar decisiones difíciles por el bien del país.

Al respecto la asistente social Orieta Rodríguez, una de las firmantes de la declaración enfatizó que Hidroaysén no evaluó una serie de problemas sociales, calificando de irresponsable el actuar de la empresa, que se jacta de su responsabilidad social empresarial. “Hay tantos problemas sociales que se van a desatar y que no fueron evaluados, que nos parece totalmente irresponsables los estudios que hizo el proyecto Hidroaysén. No entendemos la falta de metodología, la falta de rigurosidad. Podemos pensar o suponer o estar equivocados de que hay una excesiva confianza en que el proyecto iba a ser aprobado”.

La profesional explicó que el pronunciamiento de los asistentes sociales se basa  en los pronunciamientos realizados durante el proceso de evaluación ambiental, lo que le da un sustento a las críticas al estudio hecho por la empresa, el cual calificó como rancio. “Parte del sustento teórico que ampara nuestra decisión conversada y consensuada de rechazar este megaproyecto que creemos que lejos de de avanzar es un proyecto rancio, de los años setenta. Hoy en día en materia energética son las energías renovables no convencionales; por lo tanto no podemos permitir que este proyecto avance porque simplemente es un proyecto antiguo y además va a provocar una cicatriz enorme en todo Chile”.