Entre ellos el ex religioso de la obra Don Güanella Leonel Gatica Quiroz.

Han pasado dos meses desde que el Ministerio Público decidió  reabrir la investigación por abusos sexuales en contra menores, ocurridos al interior del hogar Villa San Luis dependiente de la obra Don Guanella.

La situación que empezó a quedar al descubierto durante el año 2005 y que impactó a la comunidad regional con el cierre de la casa de acogida en abril del año 2006, gatilló una investigación por Parte de la Fiscalía de Coyhaique, que en su momento logró acreditar el abuso entre los mismos menores, sin lograr reunir antecedentes que dieran cuenta de abusos por parte de adultos que formaran parte de la misma entidad. Lo que se reflejó en que entre los años 2007 y 2009 no se realizaran nuevas diligencias, lo que ocasionó que finalmente se archivara la causa.

Tuvo que pasar mucho tiempo más, para que testigos que vivieron en el hogar San Luis se atrevieran a dar sus escalofriantes testimonios, eso sí, ante las cámaras de televisión y posteriormente a través de los diarios, lo que ocasionó que nuevamente se reabriera la investigación.

A la luz de los hechos La obra Don Guanella, sacó una declaración pública donde además de lamentar la situación, llamó a las personas afectadas a aportar su testimonio, para a partir de dichos antecedentes, iniciar una investigación previa, como establece el Protocolo recientemente aprobado por los Obispos en Chile.

26 Testimonios

Radio Santa María conversó con el fiscal a cargo del caso Luis González Aracena, para conocer los avances en la indagatoria y conocer el efecto en las posibles víctimas o testigos, de las publicaciones realizadas por la prensa.

El fiscal adjunto manifestó que gente que no había declarado, así como personas que durante el año 2006 se negaron a prestar testimonio, con el paso de los años reconsideraron la situación.

Agregó que desde un inicio la investigación llevada por la fiscalía mostró dos aristas: abusos sexuales entre menores, lo cual fue posible acreditar gracias a los medios de prueba reunidos en su momento; y una segunda, que dice relación con la participación de personas adultas,  parte de la administración del hogar San Luis; línea de investigación que perdió fuerza debido a que no fue posible reunir mayores antecedentes.

A pesar de lo ello, en estos 2 meses transcurridos desde la reapertura del caso, se han sumado 26 nuevos testimonios en calidad de testigos, lo que no significa que todos sean necesariamente víctimas aclara González.

Dentro de las personas a las que se les ha tomado declaración figuran Leonel Gatica Quiroz, más conocido como “el hermano Leo” quien hasta ahora ha sido la única persona que ha declarado en calidad de imputado. “Como uno de los religiosos imputados por los menores ya fue interrogado en carácter de imputado, fuera de la región obviamente. Es parte de la investigación si besos antecedentes servirán para imputar, serán en el momento en que el Ministerio Público decida formalizar o enviar estos antecedentes a otros tribunales que pudiesen ser competentes por la ocurrencia de estos hechos”, aclaró.

El “hermano Leo” prestó declaración en la sexta región, ya que tras abandonar Aysén, se radicó en la ciudad de Rancagua. Él es uno de los principales involucrados en los abusos a menores, según los testimonios dados a conocer por las víctimas, junto a Víctor Troncoso Lara, quien dejó Chile el año 2008 después de esperar, según consigna La Revista El Sábado, dos años para ser citado a declarar.

Respecto a este último, el fiscal Luis Gonzáles Aracena manifestó que espera que se le pueda tomar declaración en el corto plazo.

Dentro de las nuevas declaraciones adjuntadas a la causa figuran 4 testimonios realizados por religiosos, entre los que se incluyen además del “hermano Leo”, Nelson Jeréz, actual director de la obra Don Guanella en Chile y un sacerdote que actualmente reside en Argentina, entre otros. En total en los 5 años de investigación 6 religiosos asociados a la entidad católica han prestado declaración.

Cuestionamientos a la Fiscalía

Otro antecedente que ha quedado de manifiesto en las investigaciones periodísticas que gatillaron la reapertura de la causa, son los cuestionamientos realizados al fiscal González Aracena.

Al respecto el director nacional del Servicio Nacional de Menores, Sename, Rolando Melo indicó a La Revista del Sábado “no teníamos conocimiento de que la pareja del fiscal (Patricia Carrasco) haya sido asistente social del hogar, en los años que ocurrieron los abusos, ni que la abogada asistente de fiscalía (Luz María Olate Pinares ) hubiese defendido a la Obra con anterioridad, pero evidentemente ahora haremos saber nuestras aprensiones. Aparecen como conexiones también a investigar”, concluyó Melo.

Radio Santa María consultó también al fiscal sobre esta situación y la posibilidad de inhabilitarse en la causa, por estas relaciones que eventualmente pudiesen haber influido en el desarrollo de la investigación. En su opinión no existen por ahora motivos para tomar una decisión de dicha índole. “Si no he tomado una decisión para inhabilitarme es porque no existe, básicamente porque estoy obligado legalmente a hacerlo. Eso obviamente le da la respuesta de que no visualizo ningún tipo de existencia de inhabilidad. Si alguna inhabilidad apareciere en la investigación seré el primero en decir y poner en conocimiento de mi jefatura”, precisó.

Agregó que hasta ahora no ha recibido ninguna instrucción respecto a la llegada de un nuevo fiscal para la causa, tal como lo habría manifestado el senador Patricio Walker; tras sostener una conversación privada con el fiscal nacional Sabas Chauán.

Luis González finalizó manifestando que espera que dentro de los próximos 10 días pueda reunir en su poder la mayoría de los antecedentes del caso, obtenidos a partir de las últimas diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones.

Si hay algo que ha quedado de manifiesto en el último tiempo, es que la tardanza en el actuar de la justicia no fue la única falla en el sistema de protección a menores del estado chileno, ya que durante los años en que se cometieron los abusos, el Servicio Nacional de Menores, Sename, tampoco fue capaz de advertir la situación, pese a las continuas inspecciones que realiza su personal a las casas de acogida.

Falta de revisión y compromiso

Verónica Venegas directora regional de la entidad de la época, explicó que la supervisión hecha durante los años en que se habrían realizado los abusos, fue superficial y carecía de profundidad, ya que la situación se  podía haber advertido antes si se hubiesen revisado las carpetas de los niños del hogar San Luis. “Creo que la supervisión que se hacía era superficial, poco profunda de todas maneras, porque si uno hubiese revisado las carpetas de los niños, aunque son hartas y te das el tiempo, conoces a los niños, que no  sea solamente un nombre; sino un niño y cómo le está yendo”.

Venegas detalló que fueron años de maltrato que hacían la situación del hogar insostenible, destacando que los abusos que se cometieron, no solo fueron de connotación sexual. “De 27 niños, al menos 12 evidenciaban maltrato, después de revisar las carpetas pedí un informe, un resumen la situación del hogar era insostenible, el maltrato estaba institucionalizado. Años de maltrato, en que los niños eran lo menos importante. Entonces podían maltratar el curo, la gente de la cocina, el jardinero, los niños eran muy maltratados”, dijo.