Las polémicas declaraciones las vertió en la inauguración de la nueva sede del Sindicato de la Construcción. Dejó entrever que fue una política sistemática de los gobiernos concertacionistas.

Las palabras de la ex intendenta regional Viviana Betancourt, en las cuales hizo un profundo mea culpa sobre la política de desarticulación de los movimientos sociales impulsada durante los gobiernos de la concertación no pasaron inadvertidas.

Hay que recordar que durante los 20 años de gobierno de la coalición del arcoiris se criminalizaron los movimientos sociales. Víctimas de la represión fueron los deudores habitacionales, estudiantes, trabajadores de la minería y ni hablar del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche; donde se impulsó la aplicación de la ley antiterrorista.

Las declaraciones realizadas por Viviana Betancourt, se dieron en el marco de una reunión social con obreros de la construcción, ocasión en la cual reconoció el esfuerzo de los gobiernos de la concertación por desactivar la organización social.

“Hoy día la Concertación lamenta, y por mucho que pensara que era necesario para darle gobernabilidad a este País, después de 17 años de dictadura militar fue desmontar, desactivar a las organizaciones sociales, gracias a Dios no lo conseguimos cien por ciento, y eso nos pasó la cuenta hace un año y medio atrás, y nos está pasando la cuenta desde aquel fatídico día en que perdimos el Gobierno”, expresó Betancourt.

La ex intendenta socialista, Viviana Betancourt, pidió perdón por los errores que se cometieron, y reconoció que muchas veces los cargos públicos fueron ocupados por personas que sin dar la talla, fueron designados por ser militantes de un partido político.

“Pido perdón por las cosas que no hicimos bien, pido perdón ya que por la necesidad de tener a uno de los nuestros, muchas veces pusimos gente indigna de representar a nuestra gente, más de la mitad de este País”, expresó la ex intendenta socialista y ex candidata al Congreso.

Las declaraciones de Betancourt se dan justo cuando el accionar del estado para desarticular los movimientos sociales se encuentran en entre dicho, lo que se ha evidenciado tras los continuos esfuerzos por criminalizar los masivos movimientos sociales que se han observado en contra de HidroAysén y por la recuperación de la educación pública.

Respecto a lo anterior, ahora al igual que antes, se esconden los cuestionamientos de la comunidad internacional, respecto al actuar de los aparatos represivos sobre los movimientos sociales, dando cuenta así de una política de Estado.