Podrían ser constitutivas del delito de “injurias graves con publicidad”.

Las comisiones Justicia y Paz y Agua - Vida del Vicariato Apostólico de Aysén, manifestaron su rechazo a los comentarios de la ahora ex-directora de Sename de la región de Aysén, Tatiana Torres.

Según explicó Jesús Herrero, vocero de ambas comisiones, los dichos de Torres constituyeron no solo una falta a la ética y a la probidad sino que, así mismo, son constitutivas de delito configurado bajo el nombre de “injurias graves con publicidad” por lo que agregó se reservan el derecho a emprender las acciones legales pertinentes.

En esa misma línea, Herrero cuestionó los estándares éticos tomados para designar los cargos de confianza dentro del aparato público. “Nosotros decimos los servidores públicos sirven realmente al bien común o están metidos dentro de intereses personales, ideológicos, partidistas. No deberíamos subir un poquito más el nivel, cuáles son los estándares éticos que en este momento y en nuestra región se están tomando para designar a los cargos de confianza y que tienen que servirnos a todos”, se preguntó Herrero.

Las comisiones Justicia y Paz y Agua y Vida, expresaron mediante un comunicado público, que el obispo de una Iglesia local, más allá de su persona, representa a la totalidad de los miembros de esa Iglesia. Según la teología y el Derecho Canónico, el obispo sirve a la comunión y a la misión del Pueblo de Dios. Atacar, menoscabar su nombre públicamente, supone ofender a todos los miembros de la Iglesia.

En este sentido junto con valorar la rápida acción del Gobierno para zanjar el tema, Herrero indicó que son necesarias unas disculpas públicas de parte de la Intendenta Regional hacia el obispo de Aysén. “Y por eso queremos pedir también a la Intendenta como máxima autoridad, que dé unas disculpas formales, públicas  y que revise también los procedimientos de probidad y de designación de cargos y esto lo tienen que hacer a la brevedad”, manifestó.

Finalmente, Herrero agregó que en el caso del obispo Luis Infanti, estas descalificaciones son aún más graves no sólo porque provienen de una autoridad de gobierno sino porque el prelado es un referente ético en la región para muchos ciudadanos, aún sin pertenecer a la Iglesia Católica.