De un total de 19 servicios, entre los que faltan destaca Sernageomin.

Este viernes venció el plazo para que se pronuncien los 19 servicios públicos que tenían observaciones al proyecto hidroeléctrico de Energía Austral, plazo que expiró con el pronunciamiento de sólo 13 de estos servicios.

La Seremi de Agricultura y del Minvu se pronunciaron conformes con el adenda 3 presentada por el emprendimiento de la empresa de capitales suizos Xstrata Copper, en tanto la dirección de Obras Hidráulicas, el SAG, CONAF, la Gobernación Marítima de Aysén, la Seremi de Bienes Nacionales, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y la Seremi de Salud se manifestaron conformes, pero con condiciones.

Según explicó Christian Betancourt director regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén son seis los servicios que no se han pronunciado, entre los que destaca el Sernageomin, por ser el que presentaba las observaciones mas relevantes al proyecto. “Existen cuatro servicios que tienen observaciones respecto a estas materias. Tenemos a la Municipalidad de Aysén, el Ministerio de Obras Públicas, Sernatur y la Dirección General de Aguas”, señaló

Betancour explicó que en el caso de aquellos que no se han pronunciado lo que corresponde es que se manifiesten respecto al estudio, es decir, no por no haber llegado dentro de los plazos, no deben ser considerados.

Por otro lado el director (s) dijo que son cuatro los servicios que se han pronunciado con observaciones. “Faltan seis servicios entre los cuales se encuentran la Seremi de Medio Ambiente, el Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio Nacional de Pesca, la Seremi de Planificación y Coordinación , la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Geología y Minería“, explicó.

Christian Betancour dijo que a pesar de existir pronunciamientos con observaciones, la necesidad de generar un Icsara o un informe consolidado de evaluación, no se puede adelantar, aunque debiera zanjarse durante la próxima semana.

El proyecto Energía Austral está siendo evaluado por la legislación antigua, es decir, será la Corema la que tendrá que decidir, organismo que a diferencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) incluye la participación de los gobernadores y de los consejeros regionales.