La acusación apunta a Director de Obras de Municipalidad Aysenina, Felipe Marín y ex Seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas por proyecto de 104 viviendas de Comité “Golpeando Puertas para un futuro Hogar” de la ciudad porteña.

Dos denuncias en contra del director de obras de la Municipalidad de  Aysén Felipe Marín, por su responsabilidad en el actuar de la Egis municipal, y en contra del ex Seremi de Vivienda Nicolás Terrazas y de 80 familias de Puerto Aysén; integrantes del comité de vivienda “Golpeando Puertas para un Futuro Hogar” interpuso la empresa Tecmic Ltda, encargada de construir 104 viviendas en el sector Villa España de esa ciudad.

Hay que recordar que el proyecto tuvo varios problemas desde su inicio con la calidad de los terrenos, lo que gatilló que 24 viviendas presentaran algún grado de hundimiento, producto de la situación solo 80 casas en la actualidad se encuentran habitadas, sin que se haya hecho la recepción formal de las mismas y mucho menos el pago a la empresa constructora Tecmic.

Según manifestó Waldemar Sanhueza, asesor de la constructora Tecmic, lo que se busca con estas denuncias es que la fiscalía determine si existe falsificación de instrumento público en los estudios de ingeniería realizados en los terrenos. “Estimamos que ha habido una suerte de falsificación de instrumento, ya que estimamos que los antecedentes de diseño estructural de las viviendas que determina la fundación de las viviendas fueron copiados de otros proyectos anteriores que también desarrollo la EGIS; que también construimos nosotros como constructora y se repite el patrón exactamente igual en tres proyectos: las 49 viviendas, las 70 viviendas y las 104 donde se produjo finalmente un asentamiento”, explicó.

Hay que recordar que los realizadores de los estudios de suelo, propietarios del diseño, denunciaron un posible plagio de su trabajo por parte de la Egis de la Municipalidad de Puerto Aysén.

Además Sanhueza dijo que Tecmic solicitó el desalojo de las familias que actualmente viven en las 80 viviendas, que no presentaban problemas, situación de la que responsabilizó al ex seremi de vivienda Nicolás Terrazas. “En segundo término el delito también de usurpación y de la ocupación ilegal de las viviendas, hoy en día sabemos que hay 80 familias viviendo de manera ilegal en estas viviendas. Actualmente no son los dueños de las casas y eso genera un perjuicio tremendo para nosotros, porque en definitiva fue el Seremi de Vivienda de la época Don Nicolás Terrazas; quien autorizó el ingreso a las obra de las familias para que puedan habitar esas viviendas”, indicó.

Dada esta situación el Ministerio de Vivienda junto al Serviu, buscaba la forma de dividir el pago para recepcionar las primeras 80 casas que actualmente se encuentran ocupadas, para lo cual hicieron viajar a representantes de la constructora hasta Santiago, donde finalmente no los atendieron. Sanhueza consideró la situación una falta de respeto. “Se nos citó a una reunión en Santiago el día primero de diciembre a las 12 en la dirección jurídica y llegamos al Ministerio a la hora citada, para que finalmente no nos atendieran, de hecho nos atendieron en el pasillo, nosotros estimamos que atendida la problemática que existen un problema tremendo para nosotros y la familia”, señaló.

Hay que recordar que los subsidios al comité “Golpeando Puertas para un Futuro Hogar” se entregaron a tres días de la última elección presidencial.
En aquella época el candidato de la concertación era Eduardo Frei, quién debía imponerse a Marco Enríquez Ominami, antes de disputarle la presidencia a Sebastián Piñera. Si bien los subsidios se entregaron en el gobierno de la concertación, la ejecución del proyecto se hizo bajo la actual administración.
Más allá de las responsabilidades políticas, también existen responsabilidades administrativas tanto de la EGIS del municipio de Aysén, que elaboró evidentemente un mal proyecto y del Serviu que a pesar de ello financió la iniciativa.

Hay que destacar que hasta la fecha no se han determinado responsabilidades, ni realizado sanciones en ninguna de las dos entidades, siendo los únicos perjudicados los vecinos y la empresa constructora.

Finalmente será el ministerio público el que determine si existe o no delito.