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Cores solicitarán a Contraloría investigar responsabilidades tras desvinculaciones declaradas como «arbitrarias e ilegales» por tribunales

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Por mayoría los consejeros regionales aprobaron solicitar a la Contraloría, desarrollar una investigación al interior del Gobierno Regional con la finalidad de establecer los hechos y eventualmente responsabilidades al daño del patrimonio de dicho organismo, por el despido de nueve funcionarios de dicha repartición el año 2021. 

El hecho ocurrió cuando Andrea Macías iniciaba su periodo como Gobernadora Regional y finalmente los tribunales, determinaron que las desvinculaciones fueron ilegales y arbitrarias, ordenando la reincorporación de los entonces desvinculados. 

Sobre esos antecedentes, el consejero regional Omar Muñoz envió una carta a la Gobernadora, solicitando conocer los gastos en que se incurrió por dichos actos, pues a su juicio se podría contravenir el artículo 64 de la Ley de Bases de Administración del Estado.Y al no recibir respuesta, decide solicitar al pleno del consejo, derivar los antecedentes a Contraloría, tal como lo detalló en la sesión, la Secretaria Ejecutiva de este cuerpo colegiado, la abogada Luz María Vicuña. 

Audio: Luz María Vicuña, secretaria ejecutiva del consejo regional 

Previo a ser sometido a acuerdo, la Gobernadora Andrea Macías clarificó que sí se envió respuesta a la carta, sin embargo, esta no habría llegado a manos del consejero regional Omar Muñoz hasta el pasado viernes, cuando se desarrolla la sesión de pleno. 

Audio: Andrea Macías, gobernadora regional y Omar Muñoz, consejero regional

Con todos estos antecedentes, el acuerdo de solicitar investigación a la Contraloría fue aprobado, siendo respaldado por la mayoría, y contando con el rechazo de los cores Martínez y Martiniello, además de la inhabilidad de la consejera Villegas. 

Audio: Luz María Vicuña, secretaria ejecutiva consejo regional de Aysén, cuando se somete a aprobación del Consejo Regional le medida. 

Ahora, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría para solicitar el inicio de la investigación, lo que será complementado con una carta de la asociación de funcionarios del Gobierno Regional de fecha 22 de abril de este año, en donde se indica a la Gobernadora que realizó las desvinculaciones a pesar de conocer la existencia del principio de “Confianza Legítima”, persistiendo en su decisión, lo que habría generado costos económicos y emocionales a las personas e institución involucrada. 

 

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