9 C
Coyhaique

[Opinión] Plan de desactivación de la economía rural de Aysén

Lo más leido

Escribe: Pablo Mata Almonacid, presidente de la Asociación Gremial Agrícola y Ganadera Austral, Ogana. 

 

El título de esta columna podría perfectamente servir para renombrar las doce medidas propuestas desde el Gobierno Regional como Plan de Reactivación Económica, al menos en lo referente al sector agroalimentario. A continuación, damos a conocer a la comunidad nuestras razones para este juicio.

Es de público conocimiento que los problemas logísticos y comerciales derivados del Covid-19 y el conflicto en Ucrania han ocasionado problemas severos de abastecimiento de insumos productivos, inflación de dos dígitos en las economías más grandes del mundo y alzas de hasta un 300% en el precio de los fertilizantes, entre otras consecuencias negativas. A nivel interno en el país, la inestabilidad asociada a los procesos político-sociales no ha ayudado a amortiguar la crisis internacional sino a recrudecer sus efectos. Por tanto, nuestro país se enfrenta por primera vez en varias décadas, a un escenario de inflación y recesión simultáneamente. A una escala geográficamente menor, la violencia en la zona sur produce daños materiales y humanos que finalmente impactan en nuestra capacidad de abastecimiento alimentario.

Por estas razones, el Ministerio de Agricultura recientemente creó la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, que definirá un plan para garantizar el acceso de la población a alimentos incluso durante crisis internacionales o en escenarios de cambio climático. A nivel regional el calentamiento global ha traído frecuentes sequías de verano afectando severamente a la producción de carne, cereales y hortalizas.

Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué puede esperar el sector rural de Aysén para su futuro desarrollo? Las respuestas que se encuentran al conversar con productores de todos los tamaños y sectores son desalentadoras: 1) el inventario regional de ganado se reducirá debido a la venta masiva de ganado o las muertes, ya que la sequía estival redujo en un 50% la producción de forrajes, a lo que se sumó un invierno particularmente crudo, 2) alzas de entre un 200 y 350% en el precio de los fertilizantes, semillas y combustibles hacen prever una reducción en el área de empastadas y cereales, 3) el escenario inflacionario y una eventual recesión en la economía nacional han producido un estancamiento en los precios del ganado.

Es evidente concluir que el agro regional está atravesando una crisis que perdurará por todo el año 2023. Las medidas paliativas implementadas desde la Seremi regional de Agricultura han sido tardías y existe un abismo de diferencia entre el tamaño del problema existente y el tamaño de las soluciones propuestas. Es así como las grandes esperanzas del mundo rural para el desarrollo económico del sector quedaron finalmente depositadas el Plan Regional de Reactivación Económica del Gobierno Regional.

Desafortunadamente, el plan se redujo al anuncio de doce propuestas que no encontraron asidero en el mundo productivo. Basta con revisar la declaración pública conjunta de los principales gremios productivos de Coyhaique para verificar que: 1) el diseño de la propuesta de reactivación económica no contó con la participación de los sectores productivos y lo que es más preocupante, 2) corresponde a un plan de expansión de la estructura estatal regional más que una inyección de recursos que ayude a retomar la senda de crecimiento y el ritmo de inversión que se observaba hace un par de años. En particular, el sector rural se ha transformado en el gran ausente de la planificación regional.

Desde Ogana, creemos que aún es posible y oportuno trabajar en un plan de reactivación económica para el agro en conjunto con el Gobierno Regional. Este plan debe ser multifuncional: debe reactivar la economía agraria, ser una bajada regional del plan Nacional de Seguridad Alimentaria y, por último, transformarse en una herramienta que contribuya a la adaptación local al cambio climático.

En términos concretos, creemos que se debe avanzar en la implementación de los siguientes programas de alto impacto sectorial: 1) reforzar con recursos regionales el programa de recuperación de suelos degradados (SIRSD) para usuarios SAG e INDAP, 2) implementar un programa de subsidio a las inversiones en infraestructura para acumulación de agua y bebida animal y, 3) reforzar el programa de bonificación del 20% a la compra de bienes de capital en regiones extremas (DFL-15).

En el primer caso se requiere una inyección de alrededor de $6.000 millones en el programa SIRSD que permitan complementar por tres años (2022-2024), la lista de espera de productores que no sean beneficiados dentro del programa nacional y además, implementar un concursos adicionales que consideren tablas de costo actualizadas de acuerdo a la realidad regional y las condiciones económicas nacionales. El SIRSD tiene un alto impacto en la conservación y recuperación de los suelos productivos regionales, a la vez que contribuye la producción de forrajes para el período invernal e introduce especies vegetales con genética adaptada al estrés climático. La valoración positiva por parte de los productores es indiscutible.

La segunda propuesta obedece a la necesidad de adaptar los sistemas productivos al cambio climático. Durante los veranos recientes, un gran número de productores ha debido abandonar zonas de pastoreo de verano debido a la sequía. La consecuencia es la sobreexplotación de zonas de invernada y la consiguiente escasez invernal de forrajes. Un presupuesto (tentativo) de $3.500 millones permitiría beneficiar, por medio de un programa de tres años de duración (2022-2024), entre 400 y 600 productores con infraestructura que les permita captar, acumular, conducir y aprovechar productivamente, los recursos hídricos superficiales, subterráneos y las precipitaciones.

Finalmente, es vital para estimular la adquisición de maquinarias e infraestructura productiva agrícola que los inversores cuenten con certeza respecto a la obtención del 20% de subsidio que otorga el DFL-15. Este instrumento público debe ser reforzado desde el Gobierno Regional, como parte de un plan de reactivación que enfoque los recursos, de manera que se generen puestos de trabajo, comercio, servicios y finalmente crecimiento económico. Un programa con un costo de $1.500.000.000 por tres años (2022-2024), permitiría asignar recursos específicos a la inversión agrícola.

En el pasado, el mundo agrícola ha podido ver como la asignación equivocada de los recursos que aportan los contribuyentes termina en proyectos irrealizables. La planta de faena y exportación de carnes bovinas es un ejemplo. En este momento tenemos la oportunidad de mejorar y diseñar un plan que sea efectivo, bien valorado por la comunidad rural y que se haga cargo de la emergencia alimentaria que enfrenta la región y el mundo. Ojalá no la desaprovechemos.

                                            

Últimas noticias