Representantes de diversas instituciones académicas y organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental y la educación advierten que los efectos psicosociales de esta pandemia han sido escasamente abordados y hacen un llamado enfático al Gobierno a impulsar una agenda de prevención y a incorporar la salud mental entre sus prioridades programáticas y presupuestarias cuidando particularmente programas como Habilidades para la Vida (HPV), implementado por Junaeb.

Los expertos explican –en una carta abierta difundida masivamente este jueves­– que se están generando impactos significativos en salud mental, ya sea por las condiciones de encierro, la alteración de la vida cotidiana y la incertidumbre respecto al futuro. “La evidencia muestra la importancia de reforzar los dispositivos locales de salud ya que permiten minimizar los impactos negativos de las crisis sanitarias y sociales, potenciando los recursos comunitarios existentes en los distintos territorios”.

En este contexto, programas como Habilidades para la Vida constituyen experiencias relevantes para la prevención temprana en salud mental, particularmente en el espacio escolar. Se trata de una política pública con más de 20 años de existencia y reconocida internacionalmente, que se ha consolidado como una respuesta efectiva para abordar los problemas de salud mental en las comunidades escolares más vulnerables.

“Las rebajas presupuestarias en ámbitos claves como educación y en partidas específicas, entre ellas Junaeb, van en la dirección opuesta al cuidado integral de la salud individual y social, pues ponen en riesgo programas relevantes como HPV, que en este contexto se hacen más necesarios que nunca”, dicen en el documento.

Antes del estallido social y del brote de COVID-19, Chile era uno de los países con peor salud mental en el mundo. Los niños y niñas menores de 6 años lideraban el ranking y los estudiantes de 6 a 18 años tenían casi el doble de enfermedades mentales comparadas con las cifras internacionales. La investigación en salud mental y crisis sociales muestra que la prevalencia de problemas de salud mental luego de una catástrofe aumenta de un 8% a un 50%.

“La prevención mediante el aislamiento y hábitos de higiene ha sido un imperativo para evitar la expansión de Coronavirus. Hoy llamamos también a ocuparnos de los efectos no siempre visibles, pero en expansión, en la salud mental de la población. No podemos esperar a que esta situación aumente en su gravedad. Al igual que con las medidas de prevención del COVID-19, tenemos que impulsar una agenda de prevención y promoción que garantice los derechos a la salud mental y el bienestar consagrados por la Constitución”, dicen en su declaración que se puede leer íntegramente AQUÍ.