Más de ciento cincuenta gestiones por concepto de defensa de
adolescentes ha desarrollado la Defensoría Penal Pública en Aysén
Entre el 08 de marzo a la fecha, la Defensoría Penal Pública en la Región de Aysén, ha
representado a ocho adolescentes que fueron formalizados por diversas faltas y delitos.
En tanto, ocho más permanecen internos en un Centro de Internación Provisoria de
Coyhaique, dependiente de Sename.
La crisis sanitaria que enfrentamos a nivel mundial, impone una serie de desafíos para la
administración de justicia y la atención de personas, es así que la Defensoría Regional de Aysén ha
adecuado sus procedimientos y protocolos, redoblando su compromiso con sus usuarios y
usuarias, en especial con aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables, como son
los adolescentes.
Es en este escenario que la unidad de defensa juvenil continúa realizando la atención de
adolescentes imputados de faltas, delitos o crímenes, y de sus familias.
Destacando la importancia de contar con una defensa de calidad que asegure el respeto de los
derechos y garantías de las personas, Israel Villavicencio, defensor juvenil en Aysén, comentó que
“es necesario entender que cualquier persona, en particular cualquier adolescente, puede verse
envuelto en una situación delictiva. No hace falta que sean “delincuentes”, sino que hay muchos
casos en que las situaciones y las reacciones de las personas pueden influir en la comisión de un
delito, y aún más si se es adolescente porque sus reacciones son muy emocionales y muchas veces
sujetas a la valoración del grupo”, comentó.
Atención a adolescentes
Entre el 18 de marzo y hoy, la unidad de defensa juvenil de la Defensoría Regional de Aysén
representó a ochos adolescentes que fueron formalizados por su presunta participación en faltas o
delitos.
Los delitos por los que se los formalizó fueron violación de morada, daños simples, infracciones al
toque de queda y contra la salud pública (artículo 318 del Código Penal), lesiones menos
graves, robo en lugar no habitado y robo con intimidación. Ninguno de ellos quedó en internación
2
provisoria, sino que el juzgado correspondiente les aplicó otras medidas cautelares, precisamente
asegurar el éxito de la investigación y evitar nuevas faltas o delitos.
Según explicó Villavicencio, durante el contexto de la pandemia no se observa en la región una
variación significativa del porcentaje de adolescentes formalizados o de las faltas o delitos por los
que se los investiga. “Lamentablemente, tampoco hay una variación del factor común en los
adolescentes que han sido formalizados, y que es estar bajo la influencia del alcohol u otras
sustancias psicotrópicas al momento de ser detenidos” destacó el defensor juvenil.
Por otra parte, hay otros ocho adolescentes que permanecen cumpliendo sanciones en un centro
de régimen cerrado, dependiente de Sename ubicado en las afueras de Coyhaique, único de este
tipo en la en la región.
Por motivos de seguridad sanitaria frente al COVID19, los adolescentes internos no reciben visitas
presenciales de familiares y cercanos, pero sí se implementó un sistema de video conferencia para
evitar un mayor deterioro de vínculos afectivos. Por otra parte, el defensor juvenil se entrevista
con ellos cada diez días, aproximadamente, para comprobar su estado de salud, velar por sus
derechos como sancionados a régimen cerrado, y saber si tienen requerimientos relacionados con
su situación procesal penal.
Educación y adolescentes privados de libertad
Uno de los temas que preocupa a la Defensoría Regional de Aysén es la continuación de la
formación educativa de estos adolescentes. Ello porque si bien se acordó con el Centro de
Educación Integrada (CEIA), dependiente de la Municipalidad de Coyhaique, una modalidad de
educación por video conferencia ello no ha podido concretarse por problemas del CEIA.
“Actualmente solo tienen guías para desarrollar individualmente y talleres internos del centro –
comentó Villavicencio – lo que no resulta adecuado para estos adolescentes”.
Según explicó Villavicencio, los jóvenes que representa la Defensoría Penal Pública son, en su
mayoría, adolescentes que no tienen mayores vínculos con el sistema educativo formal y esta
paralización puede provocar un mayor desarraigo, además de incrementar los tiempos de ocio.
Por otra parte, el defensor juvenil explicó que “la mayoría de los adolescentes privados de libertad
presentan retraso educativo, y es más, cometieron el delito por el que se los sanciona
precisamente cuando no estaban asistiendo al colegio”.
En este sentido, Villavicencio explicó que la educación es un factor de protección de los jóvenes y
está comprobado que disminuye los niveles de reincidencia, por lo tanto, que un joven en estas
circunstancias no reciba educación, no tiene las mismas consecuencias que si otro joven
socialmente adaptado y con vínculos familiares, no la recibiera.
“Entendemos que la emergencia sanitaria que vivimos ha impactado el funcionamiento de las
instituciones, pero nos preocupa la situación de los adolescentes del Centro Cerrado de
Coyhaique, porque no se está cumpliendo con uno de los pilares del proceso de resocialización y
reinserción y ello se manifiesta en al menos dos ámbitos: por una parte el aporte de fondo que
entrega la educación y que es disminuir la reincidencia; y por otra entregar herramientas
necesarias para que los jóvenes se desarrollen adecuadamente cuando vuelvan a vivir en libertad,
esto es lo que llamamos autonomía progresiva”, concluyó.
