El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó hoy -martes 8 de septiembre – a Nolberto Francisco Martínez Velásquez a la pena de cinco años de presidio y al pago del 25 % (por ciento) del monto del perjuicio causado, en calidad de autor del delito de fraude al fisco. Ilícito perpetrado entre 2009 y 2017 en la Dirección de Educación de la Municipalidad de Puerto Aysén.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Rosalía Mansilla Quiroz (presidenta), Pablo Freire y Mónica Coloma Pulgar (redactora)– aplicó, además, a Martínez Velásquez las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Resolución que agrega que “reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 15 bis de la Ley N°18.216, se sustituye al sentenciado el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, por la pena de libertad vigilada intensiva por igual término que el de la pena privativa de libertad que se sustituye”.

Adicionalmente se impuso al condenado “la obligación de mantenerse en su domicilio por el lapso de 6 horas continuas, desde las 24 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente, quedando su control a cargo de Carabineros”.

Por el delito de fraude informático fue absuelto por no haberse acreditado el hecho ni la participación.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el acusado en su calidad de funcionario público habilitado en el departamento de remuneraciones de la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Puerto Aysén, correspondiéndole el cálculo de las remuneraciones del personal docente y no docente del Departamento de Educación Municipal,  entre junio del año 2009 y marzo del año 2017, en forma continua, procedió a falsificar las planillas del personal destinadas al pago de remuneraciones alterando su contenido e incorporando en ellas a dos ex funcionarias docentes, Angélica María Muñoz Pereira y Nigza Vega Cuevas, generando la obligación de pago de remuneraciones respecto de ellas, emitiéndose cheques nominativos a nombre de ellas, cobrándolos posteriormente el acusado por caja en el banco BCI, sin mandato o poder que lo habilitara para tal cobro, apropiándose del dinero para sí, además de generar el pago de cotizaciones previsionales respecto de las docentes, por un total que supera las 400 UTM , las que fueron enteradas en las respectivas AFP por el mismo periodo