• El dirigente se refirió así a la resolución del organismo que desestimó la solicitud de 8 vecinos y vecinas que solicitan que el proyecto de construcción de la generadora, que impulsa Edelaysén, sea sometido a evaluación ambiental.

• Recordó Erwin Sandoval los recientes casos de Mina Javiera de Cerro Bayo y Terrazas de Laguna Gold, donde el director Claudio Aguirre ha emitido dictámenes que “se alinean con los intereses de grandes empresas más que con los derechos de la ciudadanía y la protección de los ecosistemas”, los que luego han sido revertidos por los tribunales ambientales e incluso la propia Corte Suprema.

“En ocasiones anteriores el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ya ha emitido pronunciamientos a favor de empresas que luego son revertidos por los tribunales ambientales e incluso por la Corte Suprema”.

Con estas palabras el vicepresidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Erwin Sandoval, se refirió el dictamen del director del SEA regional, Claudio Aguirre, mediante el cual desestimó un requerimiento presentado por 8 vecinos y vecinas de Puerto Guadal solicitando que la construcción de la central hidroeléctrica Los Maquis, de Edelaysén, ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Fue el 18 de marzo de este año cuando el grupo recurrió al organismo requiriendo invalidar su resolución exenta Nº 334 del 12 de agosto de 2019 mediante la cual, respondiendo a una consulta de pertinencia de la eléctrica, informó que el proyecto no estaba obligado a ser sometido a evaluación ambiental.

Erwin Sandoval, quien además es parte del equipo legal que ha asesorado a los pobladores de Puerto Guadal en sus recursos, indicó que “lamentablemente a estas alturas nos hemos ido acostumbrando a que los dictámenes del SEA de Aysén se alineen con los intereses de grandes empresas más que con los derechos de la ciudadanía y la protección de la naturaleza, desentendiéndose de peticiones que son bastante racionales, además de ser acordes con el ordenamiento jurídico vigente”.

El dirigente recordó de esta forma la resolución de marzo de 2018 mediante la cual el organismo negó el derecho a participación ciudadana a los y las vecinas de Puerto Ingeniero Ibáñez en el marco de la evaluación de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto Terrazas, correspondiente a un centenar de plataformas de sondaje a 3,5 kilómetros del pueblo.  Fue, en definitiva, la Corte Suprema la que en mayo de 2019 revocó dicha decisión, obligando a la entidad a impulsar el proceso, ante lo cual la minera australiana Laguna Gold (controladora en esa la época de El Toqui) renunció a la resolución de calificación ambiental mediante la cual el SEA, ilegalmente, aprobó el proyecto.

Actualmente y como consecuencia de dicho fallo se tramitan dos requerimientos ante el Tribunal Ambiental de Valdivia por la misma razón: la negativa del SEA de Aysén de acceder a participación ciudadana en la evaluación ambiental de los proyectos de prospecciones mineras Santa Teresa y Katterfeld, también de la ex minera El Toqui

Otro caso fue el de Mina Javiera, proyecto emplazado en las cercanías de Bahía Jara e impulsado por la Compañía Minera Cerro Bayo.  La DIA ingresó a evaluación en febrero de 2017 y fue aprobada mediante resolución de septiembre de 2018, siendo su objetivo reiniciar las operaciones de la faena para lo cual requieren extraer unos 580 mil m3 de agua desde sus túneles abandonados desde 2008 y depositarlos en la Laguna Salitrosa (conocida en el sector también como Salmonosa o Escondida), cuyo volumen actual es de 330 mil m3.

En el proceso Codesa, Codeff Aysén y Costa Carrera presentaron un recurso para una evaluación exhaustiva de los impactos del proyecto en la biodiversidad del ecosistema presente, al estar dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara, lo cual fue desestimado por el SEA.  Tras recurrir al Tribunal Ambiental de Valdivia se revirtió la decisión del organismo, lo cual fue posteriormente refrendado por la Corte Suprema.

“En estos casos el Servicio de Evaluación Ambiental no sólo ha interpretado restrictivamente la legislación a favor de proyectos de alto impacto y en contra de la ciudadanía y el medioambiente, sino que ha hecho que tanto las empresas como el Estado terminen incurriendo en mayores gastos y tiempo, por decisiones ilegales” indicó el dirigente.  Agregó que “esto es más complejo aún considerando el altísimo costo y sacrificio que estos procesos significan para las comunidades, en quienes finalmente descansa la protección del territorio frente a las empresas y al mismo Estado, en este caso representado en el Servicio de Evaluación Ambiental”.

En el caso de la central Los Maquis “el organismo está desconociendo que el proyecto se ejecuta en un área bajo protección oficial como es la Zona de Interés Turístico Chelenko y acepta la tesis de la empresa de que esta es una modificación de una obra previa, la pequeña central Los Maquis, que dejó de funcionar hace más de tres décadas y que se construyó cuando no había legislación ambiental alguna” explicó.   Como ejemplo de esto último indicó que “se habla de la reutilización de prácticamente todas las obras existentes asociadas a la antigua central, pero en realidad se proyecta la construcción de una nueva bocatoma, la cámara de carga será reemplazada por completo, la antigua sala de máquinas fue completamente demolida y se construirá una nueva, las turbinas serán de una capacidad mucho mayor.  ¿A qué modificación de proyecto se refieren, si ni siquiera tienen regularizados los derechos de agua para la operación de este nuevo proyecto?”.

Por ello, anunció Erwin Sandoval, los requirentes recurrirán al Tribunal Ambiental de Valdivia.  En paralelo, se tramita una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente en contra del SEA por resoluciones no ajustadas a derecho y de Edelaysén por construir obras eludiendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.