La Defensoría Penal Pública, interpuso un recurso de protección en favor de María Gloria Jaque, mujer que está condenada a 10 años y un día en la cárcel de Coyhaique, por matar a su padre que abusaba de su hija. Lleva cumplida más de un tercio de la condena, tramo que le permite postular a un sistema semicerrado y laboral, en el Centro de Educación y Trabajo, CET Valle Verde.

Pese a cumplir con el requisitos y a solicitarlo en reiteradas oportunidades, Gendarmería ha rechazado la opción de otorgar este beneficio.

“El CET Valle Verde, significa ingresar a un régimen orientado a la autoconfianza y al trabajo, lo cual para ella resulta indispensable, no solo por mejorar sus condiciones de bienestar personal, sino también para que ella pueda tener una fuente de ingresos para sus dos hijos menores. Nos parece que hay una razón de género, un sesgo, una discriminación, que lamentablemente ha impedido que las mujeres puedan al igual que los hombres acceder a este beneficio, nos parece que solo el hecho de ser mujer, no es una razón que nuestra sociedad actualmente pueda tolerar como suficiente para que ella no sea trasladada”, explicó Cristián Cajas Silva, jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública Aysén.

La mujer convive con otras 12 reclusas, en condiciones que no son las óptimas y ninguna de ellas ha podido cumplir con los requisitos para acceder a su traslado al CET.

“La condición de las mujeres privadas de la libertad, en la ciudad Coyhaique, en la región de Aysén, está desmejorada en relación a la condición de los hombres. Las mujeres también tienen menos disponibilidad de programas de reinserción social, en el caso de los hombres existe una batería muy amplia de actividades que ellos pueden desempeñar, y por último las condiciones de habitabilidad son mucho más reducidas, ellas están en una dependencia que básicamente es un comedor con tres dormitorios y con patio muy pequeño, últimamente hemos tenido más de una docena de mujeres que cohabitan en ese espacio”, señaló Cajas.

Según plantean desde la Defensoría, las 13 mujeres que viven hacinadas, pese a la cantidad de recintos de los que dispone Gendarmería a nivel regional, postergadas en temas de reinserción social e imposibilitadas de poder estar en un sistema semicerrado.
“En el caso de la señora María Gloria Jaque, ella superando todas esas limitaciones, ha tenido una muy buena conducta, que es lo que le pide el reglamento penitenciario para acceder al traslado al CET Valle Verde, no accede por razones que, al menos desde el punto de vista externo y formal nos parece discriminarlos, estas personas de lo que están privadas es de su libertad ambulatoria pero, no de su dignidad ni de sus derechos de vivir en buenas condiciones”, manifestó el jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Cristian Cajas.

María Jaque Gavilán, hizo la solicitud para acceder al CET Valle Verde en dos ocasiones, una en el mes de septiembre de 2019 y la otra en marzo de 2021. La respuesta de Gendarmería, en donde se le notificó el rechazo a sus peticiones, estaba fundada en que la mujer tendría un alto índice de reincidencia.

Gendarmería, a través de un comunicado, manifestó que en la actualidad no existen postulantes que cumplan con los requisitos, entre los que se considerarán “su disposición al trabajo, necesidades de reinserción social, motivación al cambio y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, siendo esta última sólo un aspecto de todos los que debe tomar en cuenta el Consejo Técnico a la hora de otorgar beneficios intrapenitenciarios” señala el comunicado.

La respuesta de Gendarmería agrega que “las solicitudes de traslado de penados/as a los CET en un organismo colegiado, llamado Consejo Técnico, ente compuesto por: el jefe de unidad, jefe operativo, jefe de régimen interno, jefe del CET cerrado, encargado laboral y coordinador local de reinserción social, entre otros. Cargos ocupados por personal uniformado y profesionales de las ciencias sociales, quienes revisan diversos aspectos, previendo de esta manera que el análisis de cada caso no recaiga en una sola persona y sea realizado bajo criterios objetivos.”

Desde el punto de vista de la Defensoría, las 13 mujeres en prisión a nivel regional, representan tan solo el 4,6% del total de la población penitenciaria en la zona, pese a ello, por años han estado postergadas en espacios y oportunidades para cambiar sus vidas.