La Fiscalía Regional de Aysén presentó una querella de capítulos contra Cecilia Urbina, jueza de garantía de Coyhaique, a raíz de hechos descubiertos en el contexto de una investigación por tráfico de drogas llevada en contra del hijo de la pareja de la magistrada.
Una Querella de Capítulos, según el artículo 424 del Código Procesal Penal, tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal de jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones.
Según la investigación del Ministerio Público, la magistrada ingresó a una causa reservada, obteniendo de ella información respecto a medidas intrusivas, como la interceptación del teléfono de su hijastro. Antecedentes que luego informó a su pareja.
“En horas de la tarde del día 3 de febrero de 2021, se reunió (el padre del imputado)
con su hijo, usando la información obtenida, indicándole que existía una investigación por el delito de tráfico de drogas, y que el teléfono que estaba utilizando era objeto de interceptación, por lo cual, debía de eliminarlo, tanto el chip con el aparato que utilizaba.
Esta divulgación de información permitió que el imputado, desechara el teléfono interceptado, el mismo día 03 de febrero de 2021, perdiéndose la fuente de información que tenía hasta ese minuto el equipo policial a cargo de la investigación” indica la querella presentada por la Fiscalía.
A juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos del delito de revelación de secreto, tipificado en el artículo 38 de la Ley de Drogas (20.000).
Según el codigo penal “el que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada por el secreto” podrá ser sancionado con una pena de hasta 5 años de cárcel.
Además en los antecedentes presentados por la Fiscalía, darían cuenta que el hijastro de la magistrada, habría informado de su cercanía con la jueza a otros imputados, justificando con ello la impunidad con la que cometía los delitos.
Uno de los involucrados en la causa declaró que “Siempre contaba que lo andaban buscando y le llegaba la información porque su madrastra era jueza. Decía que le daban información a su madrastra, la jueza…y se lo contaba al papá, que es su pareja, y el papá le avisaba y por eso no lo detenían nunca”.
“Dijo además que en casa de su madrastra, que tengo entendido es jueza, en un computador había leído que había un seguimiento. Me dijo que él se había metido al computador. Por lo que me dijo él sabía que estaban siguiendo a unas personas de Puerto Montt” declaró otro de los imputados.
Según lo planteado por el Ministerio Publico, la jueza Cecilia Urbina, asesoraba permanentemente a sus cercanos en materia penal. Hecho que es ejemplificado por la participación de uno de los hijos de su conyuge en la destrucción de una ferretería, ocurrido hace algunos meses en Coyhaique y cuyas imágenes fueron ampliamente difundidas.
Según indica la Fiscalía, tras la difusión de estas imágene por Santa María TV, el apdre del imputado se comunicó con su nuera indicandole “que los daños causados por Jorge estaban siendo mostrados por la televisión regional, interrumpiendo la conversación la magistrada Cecilia Eliana URBINA PINTO diciendo: “el Tito dijo que no iban a hacer nada (por el tema de lesiones y daños), aconsejando “porque él (Jorge) fue testigo de todo”.
Estas conversaciones, a juicio de la Fiscalía, dan cuenta del pleno conocimiento que la magistrada, Cecilia Urbina, tenía de los problemas judiciales que afectaban a la familia de su esposo, y que pese a su importante investidura, intervenía incluso directamente en asesorías penales.
Además en la querella, el Ministerio Público, da cuenta del delito de prevaricación, ya que la magistrado habría participado como jueza en una causa por hurto que tenía como imputado a otro de sus hijastros, sentenciandolo al pago de una Unidad Tributaria Mensual, sin informar de su vínculo o inhabilitarse.
Actualmente, y de manera previa a la presentación de la querella de capítulos, la magistrada estaba siendo investigada de manera interna por el poder judicial, investigación disciplinaria que continúa en curso.