Convencionales constituyentes de diversos partidos políticos firmaron un oficio para incluir a personas privadas de libertad en este proceso, tanto en su discusión, como en el plebiscito de salida.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Tomás Laibe, integrante del colectivo socialista y ya ha reunido el apoyo de más de 45 convencionales constituyentes, que apuestan por poder darles votación a las más de 17 mil personas que se encuentran presas en las cárceles de chile.

“En Chile se encarcela la pobreza, las personas privadas la libertad son las personas que no han accedido a la educación, que están condenadas a la pobreza, es un Chile que hemos escondido bajo la alfombra y que no queremos escuchar, los hemos silenciado quitándoles sus derechos políticos y dejándolos de escuchar, pero creemos que este proceso constituyente debe ser la instancia en donde escuchamos a todos las voces, esta solicitud lo que busca s generar espacios de diálogos en los recintos penitenciarios  y para que se generen las condiciones para que los internos puedan participar”, señaló Laibe.

Desde la Comisión de Derechos humanos de la Convención constitucional, mencionaron que se debe intencionar la participación de todas y todos, recalcando que a las personas privadas de libertad, siempre se les ha negado y marginado de su vida política.

“Hemos ingresado un oficio a la mesa de la Convencional Constitucional, para pedir que los derechos humanos de las personas privadas de libertad, es decir, sus derechos políticos y democráticos sean incluidos dentro del funcionamiento de la Convención Constitucional para garantizar que sean efectivos”, manifestó Giovana Roa, comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.

Con esta acción, se busca garantizar condiciones materiales para la participación, entre los que se cuentan permitir acceso información vinculada a las discusiones constitucionales, el espacio físico adecuado para la realización de asambleas o cabildos presenciales, conectividad para el trabajo remoto y la posibilidad de que constituyentes y personas encargadas de facilitar el desarrollo del debate y sus metodologías puedan ingresar a los recintos penitenciarios.