Como un avance sustantivo en materia de seguridad ciudadana fue calificada la promulgación de la Ley que fortalece la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados en estos delitos y además fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
Con estas modificaciones, se busca cortar el financiamiento de quienes se dedican al narcotráfico y también establecer la obligación a nuevos sujetos para que reporten sobre sus actividades comerciales a la Unidad de Análisis Financiero UAF, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Audio: Rodrigo Araya, Delegado Regional Presidencial
La nueva norma sanciona a quien administre a terceros, sustancias ilícitas sin su consentimiento. Las penas, en este caso, pueden llegar a presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años) si se usa violencia o intimidación para administrar u obligar el consumo. Además, castiga a quien suministre a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud.
La Ley también establece que si algún delito relacionado a las drogas se comete valiéndose de un menor de 18 años o personas exentas de responsabilidad, se aumenta en un grado la pena. A su vez, esta aumentará en dos grados, cuando se provea de armas de fuego a menores.
Audio: Samuel Navarro, Seremi de Justicia y Derechos Humanos
Con estas modificaciones, las unidades policiales podrán ocupar, por ejemplo, un inmueble que fue decomisado por ser fruto del narcotráfico, mientras dura el juicio.
La legislación también incorpora normas para destinar permanentemente bienes decomisados a instituciones que trabajan en la prevención, reinserción y rehabilitación como Senda.
Otra de las novedades es que la legislación entrega mayores facultades de fiscalización a la PDI y Carabineros, respecto de las personas que están o deben estar inscritas en el registro de precursores y sustancias químicas.
