Con las abstención de la mayoría de los consejeros regionales finalizó la sesión extraordinaria número tres del consejo regional, instancia en donde la Gobernadora Andrea Macías, propuso al cuerpo colegiado revocar el convenio con la Fundación Pro Cultura, tras la asignación de 1.600 millones de pesos para desarrollar un programa de rezago en la Provincia de Capitán Prat. 

Tras más de dos horas de exposición y diálogo entre los consejeros y el equipo técnico del Gobierno Regional, los CORES decidieron abstenerse por mayoría argumentando falta de antecedentes jurídicos para aprobar la solicitud de la Gobernadora.

Audio: Omar Muñoz, Consejero Regional; Paola Rodríguez, Consejera Regional y Sergio González, Consejero Regional 

Dentro de los argumentos expuestos por el Gobierno Regional para proponer al Consejo revocar el convenio que le entrega la ejecución del programa de rezago a la Fundación Pro Cultura, está la definición de la Contraloría de suspender la toma de razón de convenios con instituciones privadas; tomar medidas de control adicionales a los procesos ya existentes; porque aún no existe convenio firmado entre el GORE y la fundación; que a raíz de todo lo anterior no se tiene certeza de que el programa pueda ejecutarse este año y eso afectaría la ejecución presupuestaria; y finalmente, los cuestionamientos públicos surgidos los últimos días entre los vínculos del Estado y estas organizaciones. 

La Gobernadora solicitará el informe jurídico, para hacerlo llegar a los CORES, que tras abstenerse de aprobar o rechazar la propuesta, deberán volver a revisar este tema, dentro de los próximos 30 días, esto a pesar de que se intentó no votar la iniciativa y bajarla del plenario para ser abordada en otra instancia. 

Audio: Andrea Macías, Gobernadora Regional de Aysén 

De esta manera, y una vez se cuente con el informe jurídico que respalde la propuesta de la Gobernadora, se volverá a proponer a los Consejeros Regional rechazar o aprobar la continuidad del programa con la Fundación Pro Cultura, que hoy es parte de los organismos que han sido públicamente cuestionados, por sus eventuales vínculos con la obtención de financiamiento estatal con trasfondo político, lo que está siendo investigado tanto por organismos como la Contraloría y el Ministerio Público.