El 30 de agosto pasado se conoció públicamente que la Contraloría acusó al Gobierno Regional de Aysén de dilatar un sumario para de esa forma evitar el despido de una serie de funcionarios, entre ellos el actual consejero constitucional Julio Ñanco.
Lo anterior, debido a los cuestionamientos e investigaciones en el marco del proyecto del año 2016 para la construcción de una mini central eléctrica para la comunidad de Puerto Gaviota, comuna de Cisnes, el que buscaba dotar con energía las 24 horas del día a sus habitantes.
Sobre las sanciones que adoptó en su momento en contra de los funcionarios sindicados en la investigación, la Gobernadora Regional Andrea Macías Palma indicó que es parte de las facultades que posee y que en la misma se ponderaron todos los antecedentes.
Audio: Andrea Macías, gobernadora regional de Aysén
La misma gobernadora regional señaló que en el citado informe de la Contraloría señaló que existía responsabilidad política de otros personeros, que ya no están vinculados a la institución y que por lo mismo no se les puede sancionar.
Audio: Andrea Macías, gobernadora regional de Aysén
Cabe hacer presente que el nombre de Ñanco se vincula al proyecto ya que para esa fecha era el encargado de proyectos de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, proyecto que en principio tenía un costo de $779 millones y que posteriomente se destinaron $1.656 millones; situación por las cual Ñanco y otros siete funcionarios enfrentan un litigio para reintegrar $173 millones por no velar por la eficiente y correcta utilización de fondos públicos.
