El 14 de agosto pasado, el Gobierno Regional de Aysén dejó sin efecto el convenio con la fundación ProCultura – tras la abstención de los consejeros regionales de oposición-, el cual implicaba un traspaso de mil 673 millones de pesos para la ejecución de un proyecto en la provincia de Capitán Prat. Tres semanas después, la fundación interpuso un recurso de protección de garantías constitucionales para intentar revertir la ruptura del citado acuerdo.

Según se detalla en el texto legal de 22 páginas, ProCultura señala que lo que efectuó el Gobierno Regional de Aysén fue un acto “sin fundamento racional ni legal alguno” agregando que “tal decisión se intentó justificar en el contexto derivado de la amplia discusión pública y política que ha generado recientemente, la suscripción de convenios en otras regiones del país”  y que no tiene nada que ver con el convenio que ellos suscriben con el GORE.

En el mismo recurso la fundación añade que “lo único concreto es el miedo que inundó a algunos consejeros y a la Gobernadora de aprobar un convenio con una fundación que ha aparecido en los medios de información, y ninguna insinúa que existan siquiera indicios de un actuar ilegal por alguna de las partes intervinientes en su gestación”. 

Desde el Gobierno Regional respondieron al escrito señalando que la fundación está en todo su derecho de ejercer las acciones legales que encuentre pertinentes, asegurando que hasta antes de la ruptura del convenio, el mismo no estaba firmado por ende legalmente nunca existió.

Audio: Andrea Macías, gobernadora regional de Aysén

En ese mismo sentido, Andrea Macías dijo que como gobernadora debe velar por los recursos, asegurando que no firmarán convenios con entidades que tienen procesos vigentes en la justicia.

Audio: Andrea Macías, gobernadora regional de Aysén

Ahora, resta saber si la justicia acoge o no el recurso ingresado por la fundación ProCultura, lo cual debería resolverse en las próximas semanas.