Cinco profesionales ligados al Centro Universitario Coyhaique de la Universidad de Magallanes, fueron sometidos a juicio oral simplificado y condenados por fraude al fisco reiterado. El ilícito data entre los años 2016 al 2018, en el marco de proyectos ligados, en convenio entre la casa de estudios y el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis.

Para ello, tal como se describió en audiencia, la principal imputada, la asistente social a cargo del proyecto, junto a los otros cuatro imputados, actuaron concertadamente, defraudando al fisco, suscribiendo contratos falsos, pactando como honorarios montos superiores a los que les correspondía percibir por las labores ejecutadas, tal como describió en audiencia el juez Juan Patricio Silva.

Juan Patricio Silva / Magistrado Juzgado de Garantía de Coyhaique

Los condenados son Valeria Oyarzo asistente social, a cargo de ambos proyectos, quien habría ideado la forma de defraudar en estas iniciativas, además de una ex jefa de carrera de enfermería Karen Domínguez, la contadora pública Javiera Castillo, el analista programador Bernardo Vargas y el audiovisualista Arturo Clark.

Según quedó acreditado por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía, todos se conocían y trabajaban juntos en la Universidad de Magallanes a la fecha de los hechos.

La forma de ejecución del fraude fue descrita en la audiencia. Escuchemos un extracto en la voz del magistrado Silva.

Juan Patricio Silva / Magistrado Juzgado de Garantía de Coyhaique

De esta forma, todos los imputados realizaban pagos a quién ideó esta forma de defraudar dinero, todo en el marco del convenio que Senadis suscribió con la Umag en contexto del programa denominado “Participación Inclusiva Territorial”.

En particular, fueron dos convenios para la implementación del Plan de Apoyo de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo y de Escuelas de Gestión Social y Territorial. En ese contexto, según el Ministerio Público, los cinco imputados, concertadamente, habrían defraudado al fisco por una suma cercana a los seis millones de pesos.

Luis González / Fiscal a cargo de las indagatorias

Los cinco imputados, fueron finalmente condenados a la pena remitida de 541 días de presidio, la suspensión de cargos y oficios públicos por el tiempo que dure la condena, además de multas individuales, que van de los 100 mil a los 623 mil pesos.

Las indagatorias estuvieron a cargo de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI.