En 2018 entró en vigencia la Ley 21.030, conocida como de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales. Y desde esa fecha, en la región se han efectuado 21 procedimientos de término anticipado del proceso de gestación. 

A nivel local, la mayoría se ampara en la segunda causal, que corresponde a inviabilidad fetal, manteniendo así la tendencia país, en donde la imposibilidad de continuar el embarazo por los problemas que presenta el neonato, concentra la mayoría de los procedimientos. 

De los 30 casos registrados en la región, 21 se han traducido en procedimientos amparados en la Ley: Cinco de ellos por la primera causal de riesgo vital de la madre; Nueve por embarazos inviables que corresponde a la segunda causal; y Siete a víctimas de violación, siendo esta la tercera causal establecida en la Ley.

Andrea Méndez,  Seremi de la Mujer y la Equidad de Género 

En el caso de la tercera causal, la mayoría de las mujeres que han recurrido a solicitar ayuda, corresponden a jóvenes menores de edad, víctimas de violación. 

Andrea Méndez,  Seremi de la Mujer y la Equidad de Género 

En cuanto a cifras nacionales, entre 2018 y junio de este año se han presentado 4.272 casos; de ellos 1.296 mujeres corresponden han solicitado apoyo por encontrarse en riesgo vital; 2.080 por embarazos inviables y 896 corresponden a mujeres, adolescentes y niñas que se acogieron a la causal de violación.

 

Una de las formas de atender estos casos, es a través de la línea telefónica de Salud Responde al 600 360 7777, instancia a través de la cual, desde 2018, se han recibido 500 llamadas relacionadas a esta Ley y el 25% de las consultas corresponde a la tercera causal de violación; El 20 por ciento por riesgo de la madre; y el 18% de las consultas, a inviabilidad fetal.