Un demoledor informe respecto de la situación actual de la universidad de Aysén redactó la Superintendencia de Educación Superior, en base al trabajo del investigador Pablo Beltrán Carpentier, y donde se deja de manifiesto que su situación financiera, representa un riesgo grave de no garantizar su viabilidad administrativa, laboral, académica y económica en el corto plazo.   

En materia financiera, la entidad sentenció que la U. Aysén presenta una situación “deteriorada, con pérdidas operacionales en los últimos cuatro años y pérdidas netas de magnitud creciente en los últimos tres cierres”.

Una de las causas identificadas como detonadoras del actual escenario, apunta a la sobredotación de personal académico y administrativo -que se profundizó en el periodo 2018-2022- pasando de 40 a 138 docentes, puntualizando particularmente que en el año 2021 (en plena pandemia), hubo un incremento explosivo de contrataciones que derivó en que la universidad haya aumentado sus gastos salariales en $5.286 millones, con una planilla que tiene un costo que supera los 7 mil 700 millones de pesos. 

Respecto del Plan de Recuperación presentado por la actual administración que lidera Enrique Urra Coloma, la Superintendencia fue categórica al señalar que lo propuesto es “insuficiente” y que incluso “pueden constituir infracciones de Ley” agregando que contraviene el ordenamiento jurídico, y que “no aborda los problemas estructurales de la institución”.

Enrique Urra / rector U. Aysén

Se deja de manifiesto que, para mantener su nivel de gasto, la entidad educativa ha debido recurrir a los denominados “créditos de enlace”, modalidad que implica transferir dineros de proyectos para poder cumplir con el pago de sus obligaciones administrativas, como los salarios, y se explica que dichos fondos, no han sido reintegrados a sus cuestas de origen. 

Óscar Silva, representante funcionarios Universidad de Aysén 

Los mismos problemas financieros han llevado a la casa de estudios a incumplir con sus contratos de arriendo. En específico, se apunta al desprendimiento de dos inmuebles – uno de ellos su casa central. Asimismo, se detalla que los fondos designados para la edificación de su campus central -cercanos a los $9 mil millones- no fueron usados para aquello, y que han sido destinados para otros fines, como el pago de arriendos. 

Desde la universidad indicaron que están trabajando en responder el cuaderno de cargos, a la espera de que sea aceptado o no, y así esclarecer el futuro de la casa de estudios que en paralelo está en pleno proceso de admisión de cara al año académico 2024.

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