El lunes 21 de agosto pasado, la Contraloría Regional evacuó un informe hacia la universidad de Aysén, donde le señala que fue “improcedente” el traspaso de dineros que se efectuó entre distintas cuentas corrientes de la casa de estudios, cuyos destinos eran cancelar los sueldos de los funcionarios durante los meses de junio y julio del 2023.

Según se desprende del documento de ocho páginas firmado por el contralor regional Ricardo Hevia Kaluf, se informó que el 16 de junio pasado, mediante decreto universitario N° 234, el Consejo Superior de la U. Aysén autorizó un crédito intra cuentas bancarias por $500 millones desde la cuenta del proyecto URY 21991.

Un mes más tarde, en julio, el mismo Consejo Superior decidió dejar sin efecto el acuerdo dicho acuerdo, señalando además que la dirección de Administración y Finanzas presentaría una propuesta de reintegro, indicándose acto seguido, que no existe constancia de que los fondos fueran restituidos. 

Ximena Paredes / académica desvinculada U. Aysén 

En las últimas horas un grupo de académicos, encabezados por la ex candidata a rectora y actual jefa de la carrera de trabajo social Patricia Carrasco, expresaron su malestar por las determinaciones de la nueva administración, especialmente relacionado a la desvinculación de académicos y funcionarios, actos que calificaron se tomaron con “criterios arbitrarios, motivados por conflictos personales y/o diferencias políticas”, se lee en un comunicado firmado por nueve docentes de la casa de estudios. 

Por último, el rector Enrique Urra reconoció en una entrevista radial el problema al cual hace referencia la Contraloría, señalando acto seguido, que es algo que se está “corrigiendo” y que la casa de estudios “ha hecho gestiones por regularizar aquello como corresponde”.