La desvinculación de cerca de 50 funcionarios de la universidad de Aysén en noviembre de 2023, derivó en que un grupo de ex trabajadores decidiera recurrir a la justicia para determinar la legalidad o no de los despidos. Esto se tradujo en la presentación de ocho recursos de protección que serán revisados en tribunales, asumiendo la representación de la casa de estudios en materia legal, el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Lo anterior quedó zanjado el pasado miércoles 7 de febrero, en documentación ingresada al portal del Poder Judicial, donde se dejó de manifiesto que su actuación obedecía en conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Consejo de Defensa del Estado.
Los funcionarios han entregado su defensa a dos abogados particulares, uno de ellos indicó que la representación legal del Consejo de Defensa es algo que está dentro de sus facultades, pero que es el Estado quién finalmente deberá hacerse cargo de las determinaciones adoptadas por las administraciones de la universidad. Todo ello en caso de que los tribunales le den razón a los funcionarios en su reclamo.
Marcelo Rodríguez / abogado ex funcionarios U. Aysén
Desde otra de las defensas insistieron en que las desvinculaciones tuvieron un carácter arbitrario e ilegal, señalando acto seguido que la casa de estudios contestó los informes requeridos en su oportunidad para sustentar los despidos de los funcionarios que se encuentran en litigio.
Víctor Oyarzún / abogado ex docentes U. Aysén
Cabe hacer presente que el equipo jurídico de la U. Aysén solicitó en dos oportunidades prórroga para responder ante la Corte de Apelaciones respecto de los recursos ingresados por los trabajadores, lo que fue aceptado en ambas oportunidades.
Ahora resta conocer cuándo la Corte fijará fecha para que se realicen los alegatos en torno a estos ocho recursos de protección, lo que permitirá comenzar a zanjar la problemática que afecta a los funcionarios desvinculados de la Universidad de Aysén por la administración de Enrique Urra, en el marco de la crisis institucional y económica que afecta a la universidad de Aysén.
