Contraloría instruye modificar reglamento interno de la comisión de borde costero

El pasado 21 de febrero la Contraloría Regional de Aysén emitió un nuevo pronunciamiento a nivel regional, esta vez en alusión a la Comisión Regional del Uso del Borde Costero y la pertinencia que tiene su reglamento interno. Instrumento que resulta clave a la hora de votar y revisar proyectos, e incluso para fijar quiénes integrarán esta instancia. 

En el documento de escasas cuatro páginas, la Contraloría Regional de Aysén le informa a la presidenta de este órgano, es decir la Gobernadora Regional Andrea Macias, que el reglamento de la comisión regional tienen diferencias importantes con el instructivo nacional y ordenó su modificación. 

Cuáles son algunas de estas diferencias: (1) La Crubc de Aysén añade 11 integrantes que no existen en el instructivo nacional y elimina al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental y contempla que tres representantes de sectores serán elegidos por el Gobernador Regional; (2) A nivel local se establece que los acuerdos se deben tomar con voto favorable de la mayoría absoluta de los participantes, mientras que el instructivo presidencial que rige este órgano habla solo de dos tercios. 

La noticia fue recibida por el Gobierno Regional, esto en medio de la próxima votación de dos espacios costeros marinos para pueblos originarios que se desarrollará el 29 de febrero. 

Desde el Gore indicaron que acogerán y aplicarán las apreciaciones de Contraloría. 

Francisco Lara, Jefe Diplade Gore Aysén 

Consultado el Gobierno Regional respecto de si estas modificaciones impactan o no el actual proceso que se desarrolla en la votación de las solicitudes de las comunidades Pu Wapi y Antunen Raín, explicaron que no. 

Francisco Lara, Jefe Diplade Gore Aysén 

De esta manera el Gobierno Regional deberá aplicar e informar a Contraloría en un plazo de cinco días hábiles el curso a seguir y cómo se aplicarán estas modificaciones, que entre ellas incluyen cambiar la secretaría ejecutiva de este órgano, que deberá alojarse en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia.