En septiembre del año pasado todo era alegría en el municipio de Coyhaique. ¿El motivo? La llegada de vehículos para seguridad comunitaria, que fueron obtenidos con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito por $43 millones, móviles que aún no han sido pagados por un problema con las facturas.
Lo anterior quedó en evidencia en el último concejo municipal, en una intervención de la concejal Yohanna Hernández, cuando increpó al jefe comunal por el desempeño de la unidad de seguridad comunitaria.
Yohanna Hernández, concejal por Coyhaique
Los dichos de Hernández no fueron desmentidos por el alcalde Carlos Gatica, quien señaló que la compra de los tres vehículos marca Morris Garage que actualmente posee el municipio, está siendo investigada a raíz de una denuncia efectuada por el mismo municipio, ante el Ministerio Público.
Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique
Consultada la administradora municipal, Gabriela Retamal señaló que en este caso en particular la víctima es precisamente la municipalidad de Coyhaique, y que la denuncia efectuada obedece a que la empresa que vende estos vehículos “Sociedad Real y Cía Limitada”, ha presentado incumplimientos y que ello ha gatillado que los autos aún no sean cancelados por la casa edilicia.
Gabriela Retamal, administradora municipal de Coyhaique
A pesar de lo anterior, desde el municipio detallaron que los autos de seguridad comunitaria están a nombre de la ilustre municipalidad de Coyhaique y que, salvo haya una demanda de la empresa por medio, no existe riesgo de perder los automóviles. .
Gabriela Retamal, administradora municipal de Coyhaique
La adquisición de los vehículos se concretó en mayo del 2023 vía trato directo, plasmado en el decreto N° 2470, puesto que con anterioridad se efectuaron dos licitaciones las cuales quedaron desiertas.
Respecto de la empresa a la que se compran los vehículos, esta mantiene vigente un litigio con el Servicio de Impuestos Internos en la región de Magallanes, por la emisión de facturas exentas del pago de IVA por la venta de vehículos zona franca.
Sumado a lo anterior, los vehículos adquiridos por el municipio son en segunda inscripción, de acuerdo al certificado de anotaciones vigentes de vehículos motorizados del Registro Civil, es decir, tienen un propietario anterior, esto a pesar de que el Estado solo podría comprar equipamiento que no haya tenido dueño previamente.