Con una votación de 110 votos a favor y 38 en contra fue aprobada la reforma de pensiones del Gobierno. Fue una de las promesas de campaña del actual presidente Gabriel Boric, el 02 de noviembre de 2022 anunció esta iniciativa, que buscaba modificar esta controvertida maquinaria de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que por cuatro décadas ha sido sinónimo de pago de jubilaciones, que cada vez son menores, incluso muy por debajo del sueldo mínimo, en la cual los trabajadores, todos, los que ganan millones y los que ganan 500 mil pesos, asumen los pérdidas de las AFP.
Los evidentes y necesarios cambios al sistema previsional, han generado un intenso debate, pero con un componente de “acuerdo meridiano” entre las fuerzas políticas oficialistas y Chile Vamos, que no lo elimina, sino sólo lo modifica de manera muy superficial.
La normativa crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, que apunta a mejorar la Pensión Garantizada Universal, que llegará a 250 mil pesos.
Jeannette Jara // Ministra de Trabajo y Previsión Social
El debate fue álgido, donde la postura oficialista de aprobar la iniciativa contrasta con diputados de ultraderecha, apuntados como quienes defienden el negocio de las AFP y que votaron en bloque por mantener tal como está la normativa.
A diferencia de la reforma impulsada por el fallecido Presidente Sebastián Piñera, este proyecto del Gobierno de Gabriel Boric solo entrega como aporte solidario un 1,5 por ciento.
Marcia Raphael // Diputada por Aysén
Miguel Ángel Calisto // Diputado por Aysén
Si bien las AFP continuarán funcionando como tal, con esta reforma, se permite el ingreso de nuevos actores a este cerrado mercado, entre ellos Cajas de Compensación y las Administradoras Generales de Fondos.
En el caso del parlamentario regional René Alinco Bustos, decidió rechazar esta iniciativa, aduciendo que esta reforma no mejora del todo el sistema previsional chileno.
René Alinco // Diputado por Aysén
Uno de los componentes claves de esta reforma, es que el empleador se hará cargo del aumento de la cotización, luego de cuatro décadas, la que quedó fijada en un 8,5% de la remuneración imponible.
El desglose de este incremento se divide en un 4,5% que irá a capitalización individual del trabajador, un 1,5 a la cotización con rentabilidad protegida (solidario) y un 2,5% al seguro social, en una de las iniciativas estrellas del Gobierno de Gabriel Boric, que aspira a su despacho como ley en los próximos días, antes del receso parlamentario.
