Un caso icónico de corrupción pública tuvo su epílogo este martes por la tarde, con la sentencia por obstrucción a la investigación calificada que involucró a dos oficiales de Carabineros de la región de Aysén, por hechos ocurridos en el contexto del estallido social, el año 2019 en Coyhaique.

La génesis fue una protesta estudiantil en avenida Ogana, que derivó en la detención de Martín Sanhueza Mascareño, quien fue acusado, erróneamente, de ser quien lanzó un proyectil contra un funcionario policial, que resultó lesionado producto de este hecho.

El juicio oral, que duró varias semanas, culminó con una sentencia de 700 días contra el ex Prefecto de Carabineros de la Región de Aysén, Coronel Pablo Capetillo Contreras y a 300 días de presidio menor en su grado mínimo, el Capitán y ex jefe de Fuerzas Especiales, Juan Fuentes Fuentealba.

Luis González Aracena //  Fiscal SACFI Fiscalía Regional Aysén

Los hechos fueron claros. Por orden del ex coronel Capetillo, se ocultó un video que demostraba la inocencia de Martín Sanhueza en este hecho, sosteniendo, pese a ello, su postura y dando orden directa de omitir este registro audiovisual, lo que generó que la Fiscalía, con antecedentes adulterados, formalizada erróneamente al estudiante por el delito de maltrato de obra a carabineros con resultado de lesiones graves, decretándose su prisión preventiva, medida que se mantuvo cinco días, hasta que el propio Ministerio Público descubriera la trama detrás de esta falsa acusación, un hecho calificado de grave por parte del ente persecutor penal.

Luis González Aracena //  Fiscal SACFI Fiscalía Regional Aysén

La sentencia a Pablo Capetillo –  de 700 días- y a Juan Fuentes – de 300 días – podrán cumplirlas en libertad, dado que no son penas de crimen y a su irreprochable conducta anterior.

En este juicio oral participaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el abogado Marcelo Rodríguez, en representación del estudiante detenido erróneamente, en este caso de obstrucción a la investigación calificada, que involucró a dos funcionarios policiales en noviembre de 2019 en la capital regional.