Un total de siete posibles irregularidades informó ayer la actual administración municipal de Aysén, imputaciones que recaen directamente contra la gestión de Julio Uribe Alvarado, durante los años 2020 al 2024.
Entre las eventuales irregularidades se incluye una acusación por contrataciones que no se habrían ajustado a los procedimientos establecidos, además de posibles donaciones irregulares y saldos no acreditados por el ex DEM por $1.200 millones de pesos. También se mencionaron en la sesión supuestos préstamos de dinero al propio Uribe por parte de personal de confianza. A todo lo anterior se suman omisiones en obras como el cementerio municipal, perjuicio patrimonial por despidos injustificados por alrededor de $60 millones y procedimientos disciplinarios atrasados o sin tramitar.
Cristian Barría Contreras / Jefe Unidad Jurídica Municipio de Aysén
Adicionalmente, la administración de Luis Martínez atribuyó al exalcalde Uribe falencias en las obras del cementerio de la comuna, por no haber adoptado las medidas necesarias para solucionar los problemas del sistema de drenaje, los cuales ya habían sido denunciados por vecinos y que derivaron en daños a los féretros.
Cristian Barría Contreras / Jefe Unidad Jurídica Municipio de Aysén
Los hechos descritos por la unidad jurídica motivaron la intervención del concejo, especialmente de quienes lograron la reelección, como es el caso de Tatiana Villarroel, quien señaló que parte de estas situaciones ya eran conocidas y habían sido denunciadas ante instancias como la Contraloría.
Tatiana Villarroel / Concejal Municipio de Aysén
Tras escuchar los antecedentes, así como las consultas y/o descargos desde el Concejo Municipal, el alcalde Luis Martínez señaló que su administración será más rigurosa para evitar que alguien se vea expuesto a errores o, incluso, a responder con su patrimonio, tal como lo establece la ley. Además, advirtió que, a su juicio, hay situaciones que resultan especialmente complejas.
Luis Martínez Gallardo / Alcalde de Aysén
Según se detalló durante la misma sesión, los hechos descritos deberían ser investigados, ya que podrían dar lugar a procedimientos disciplinarios y, además, podrían constituir un notable abandono de deberes, en caso de ser acogidos y analizados por el Tribunal Electoral Regional.
