Puerto Aysén | Dos horas a resguardo en una patrulla estuvo la seremi de Vivienda tras ser agredida

Preocupados se mostraron los funcionarios del Serviu, en atención a los últimos acontecimientos ocurridos en Puerto Aysén, donde miembros de comités habitacionales “Paso pasito uno”, “Paso pasito dos” y “ Todos juntos por un sueño sin discriminación” agredieron y atacaron física y verbalmente a la seremi Paulina Ruz y la directora Giovanna Gómez, acusando retrasos e incumplimientos en los avances de sus proyectos.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 30 de mayo. Los reclamos por parte de quienes esperan por una vivienda fueron escalando en forma y fondo, hasta llegar a las agresiones verbales y físicas, lo que generó que la seremi Ruz fuera resguardada por Carabineros; mientras que la directora tras ser agredida, debió acudir a un centro asistencial para constatar lesiones.  

Álex Garrido Salazar / Pdte. Asociación Patagones Serviu Aysén

Lamentablemente, lo vivido en Aysén no es nuevo, según señalaron los funcionarios, quienes están viendo como algo crítico que sean agredidos cada vez que deban dar cuenta del avance de las iniciativas en materia habitacional.

Álex Garrido Salazar / Pdte. Asociación Patagones Serviu Aysén

Al lugar concurrieron no solamente las autoridades sectoriales, sino que también dijeron presente el alcalde de Aysén y el Gobernador Marcelo Santana, quien criticó la resolutividad de los funcionarios a nivel local, algo que fue mal visto desde los asociados al Serviu.

Marcelo Santana Vargas / Gobernador Regional de Aysén

Álex Garrido Salazar / Pdte. Asociación Patagones Serviu Aysén

Meses atrás, los mismos funcionarios ya se habían manifestado para solicitarle al ministerio que interceda ante los parlamentarios regionales – donde fueron sindicados de forma directa Miguel Ángel Calisto y René Alinco – para que no entorpezcan más sus funciones, algo que aseguraron sigue aconteciendo. 

Alex Garrido Salazar / Pdte. Asociación Patagones Serviu Aysén

Por todo lo anterior dijeron estar en estado de alerta ante cualquier otro hecho de violencia, sin descartar otro tipo de movilizaciones si la situación no tiene un cambio rotundo, ante la distancia evidente entre autoridades del sector vivienda y los comités, que esperan por décadas por una solución habitacional que sigue retrasada.