Este miércoles, el  Consejo de Defensa del Estado interpuso ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, una querella criminal contra el diputado Miguel Calisto Águila y contra quienes resulten responsables, por el delito de Fraude al Fisco.

La investigación, según el CDE, busca acreditar además otros ilícitos en las indagatorias por parte del Ministerio Público.

La querella, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, se dirige contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación.

HECHOS

Según los antecedentes recopilados en la investigación por parte del Consejo de Defensa del Estado, Carla Graf, en presunta colusión con el diputado Miguel Ángel Calisto, habría suscrito una serie de contratos de prestación de servicios orientados —al menos formalmente— a apoyar las funciones parlamentarias del legislador mediante asesorías, coordinación y elaboración de estudios. Sin embargo, estos contratos no solo habrían derivado en pagos a honorarios que aumentaron progresivamente sin justificación, sino que tampoco existirían documentos o respaldos que acrediten que dichas labores se realizaron efectivamente.

A esto se suma que diversos testimonios y antecedentes, según la investigación, dan cuenta de que Graf no era reconocida por el equipo de trabajo del diputado en la región de Aysén como parte activa de su personal, lo que refuerza la tesis de que no habría desempeñado las funciones por las que fue contratada.

La investigación sostiene que Carla Graf Toledo no prestó los servicios acordados, situación que era conocida y aceptada por el propio diputado Calisto Águila. Este, según la acusación, habría vulnerado sus deberes como funcionario público, favoreciendo contratos ficticios y permitiendo pagos por servicios inexistentes, lo que terminó causando un perjuicio al Fisco superior a los 100 millones de pesos, según lo informado por el Consejo de Defensa del Estado a través de su sitio web.

Además, el CDE habría identificado transferencias de dinero entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, coincidentes con periodos de campañas políticas en la zona. Estos movimientos levantarían sospechas sobre un eventual desvío de fondos de asignaciones parlamentarias hacia fines ajenos a su propósito, incluyendo gastos de campaña y usos personales, todo en el marco de una conducta deliberada y dolosa atribuida a los involucrados.