El miércoles, el Consejo de Defensa del Estado anunció la presentación de una querella criminal en contra del diputado Miguel Ángel Calisto, y otras tres personas cercanas, por el presunto delito de fraude al fisco.
La acción judicial fue presentada el pasado 23 de junio, en atención a los antecedentes allegados por parte del Ministerio Público, causa que de momento está desformalizada y que es liderada por el fiscal Luis Contreras.
Cabe hacer presente que la acción judicial contra Calisto, además de Felipe Klein, Roland Cárcamo y Carla Graf Toledo es “por haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación”.
En exclusiva conversamos con el abogado procurador fiscal del CDE en Coyhaique, Paulo Gómez, quien se refirió a la acción judicial que tuvo repercusión a nivel nacional.
Paulo Gómez / Abogado procurador fiscal CDE
Conocida la acción judicial, el parlamentario independiente pro Demócratas, señaló que las indagatorias tendrían una antigüedad de cuatro años. De paso, criticó la querella, apuntando que se presenta “a pocos meses de la elección”.
Miguel Ángel Calisto / Diputado por Aysén
Consultado el CDE sobre el cuestionamiento del parlamentario, desde la entidad negaron cualquier intención de querer entorpecer una aspiración electoral, asegurando que están actuando en base a la normativa y su competencia, al ser un organismo técnico y no político.
Paulo Gómez / Abogado procurador fiscal CDE
El Consejo de Defensa del Estado detalló que la querellada Carla Graf, en colusión con el diputado Calisto, habría suscrito varios contratos de prestación de servicios para apoyar su labor parlamentaria. El organismo constató, hasta ahora, que no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que habría sido conocido y aceptado por el parlamentario, quien habría “promovido la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó”.


