Los últimos informes de la Contraloría al interior del municipio de Coyhaique siguen generando ruido al interior de calle Bilbao #346. Lo anterior, luego que el órgano contralor pusiera bajo la lupa la sistemática práctica en el uso de los tratos directos, reconoce y regulariza, saltándose así la Ley de Compras Públicas.

En ese mismo sentido, desde el concejo se señaló por parte de Marcela Agüero que se siente perseguida pese a saber que no se cumple con los procesos, agregando que al votar tratos directos lo hace con temor. 

Marcela Agüero / Concejal de Coyhaique

Las palabras de Agüero tuvieron eco en gran parte del resto del concejo, quienes hablaron de que los funcionarios han actuado siempre de buena fe, acusando que las leyes al ser de carácter nacional no benefician a zonas aisladas como la nuestra.

Felipe León / Ricardo Cantín / Yohana Hernández 

Concejales de Coyhaique

La única voz disidente al interior del concejo fue la de la socialista Ana María Navarrete, quien volvió a hacer un llamado a cuidar las formas, a cumplir con los propios compromisos, pese a que desde la administración llamaron a no demonizar los tratos directos. 

Ana María Navarrete / Concejal de Coyhaique

Reinaldo Reyes / Abogado municipio de Coyhaique

Consultado el fiscal regional subrogante por los informes de Contraloría, y si acaso han sido remitidos para conocimiento del Ministerio Público para iniciar investigaciones, Moris Ferrando explicó que hay algunas en curso, todas reservadas, pero sin especificar en qué municipios están radicadas. 

José Moris Ferrando / Fiscal Regional de Aysén (s) 

En relación al memorándum señalado por la concejal Navarrete, ese documento fechado el 17 de julio pasado, el alcalde Carlos Gatica instruyó instrucciones para la regularización y cumplimiento normativo en procesos de contratación, adquisiciones, servicios y concesiones municipales, y donde se señalaba expresamente que “todo tipo de contratación, pago de adquisiciones de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras y concesiones, deben realizarse conforme a las normas que rigen dichos procesos y nos rigen como Municipalidad”, mismo documento donde reconoció “inconvenientes prácticos y al abuso de los procesos de regularización”.