El pasado 9 de julio, el Presidente Gabriel Boric y los ministros de Hacienda, Trabajo y Previsión Social y Salud, despacharon al Congreso un proyecto de ley que apunta a modificaciones relevantes en el funcionamiento del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), que es un pilar fundamental dentro del sistema de licencias médicas del país.
Adicionalmente, el texto legal introduce cambios en su aplicación al sector público, fortaleciendo las facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez – Compin – algo que a juicio del sector público es inconsulto y para ellos asoma como un retroceso al movimiento sindical; por lo mismo, solicitaron al Ejecutivo que sea retirado a la brevedad.
Mauricio Muñoz Gatica / Presidente CUT Coyhaique
Según indicaron desde el sector público, existen al menos tres puntos críticos en el proyecto que los observan como amenazantes, que van en desmedro de sus derechos.
Jessica Almonacid / Presidente ANEF
Otro punto crítico es el relacionado al denominado periodo de carencia, el que actualmente consiste en que, cuando las licencias médicas son superiores a los 10 días, estas se pagan desde el primer día. No obstante, cuando son iguales o inferiores a diez días, el subsidio se paga desde el cuarto día. Eso la nueva propuesta gubernamental se perdería.
Jessica Almonacid / Presidente ANEF
Este texto legal en cierta medida responde a los cuestionamientos tras el informe de Contraloría que detectó a 25 mil funcionarios públicos haciendo, eventualmente, mal uso de las licencias, trabajadores que desde el sector estatal dijeron deben ser sancionados en caso de ser encontrados culpables.
Mauricio Muñoz Gatica / Presidente CUT Coyhaique
Otro punto abordado en el proyecto dice relación con los casos de las licencias extendidas o prolongadas. Según el documento, un 1% de los reposos (superiores a 180 días) concentró más de un 6% del gasto. Por lo anterior, se señala, que resulta pertinente que los órganos contralores empiecen a prestar especial atención a los casos de licencias extensas, antes de las 52 semanas y con independencia a si son continuas o no. De esta forma, se podría cautelar el mejor uso del subsidio.
De acuerdo al Gobierno, de pasar por todos los trámites legislativos y ser aprobada, las medidas propuestas podrían generar un ahorro neto anual de alrededor de $180 mil millones de pesos.
