A pocos días de la jornada cívica más relevante del año, autoridades laborales de Aysén intensificaron la difusión de los derechos que asisten a las y los trabajadores durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

El objetivo es asegurar que la participación electoral no se vea obstaculizada por las condiciones laborales, especialmente en un escenario donde el comercio operará con normalidad al no tratarse de un feriado irrenunciable para el sector.

El Seremi(s) de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro reiteró que todos los trabajadores que deban desempeñar funciones el domingo cuentan con un permiso mínimo de tres horas continuas para ejercer su derecho a voto, sin descuentos de remuneración ni sanciones.

Rodrigo Díaz / Seremi (s) Trabajo y Previsión Social

En tanto, el director regional de la Dirección del Trabajo (DT), Christian Aros Troncoso, enfatizó que la institución mantendrá un operativo especial de fiscalización de 09:00 a 14:00 horas.

Christian Aros / Director Regional del Trabajo

Desde el sector privado, el administrador del supermercado Hiperpatagónico, Mario Ojeda confirmó que ya se encuentran preparados para compatibilizar atención al público y derecho a voto.

Mario Ojeda / Administrador Hiperpatagónico

La Superintendencia de Seguridad Social también entregó lineamientos especiales para esta elección. La entidad aclaró que las personas con licencia médica pueden votar, siempre que su condición de salud lo permita y sin que su participación sea considerada un incumplimiento de reposo.

Asimismo, informó que cualquier trabajador que sufra un accidente mientras se desplaza a su local de votación, ya sea camino al trabajo o durante su jornada laboral, estará cubierto por la Ley de Accidentes del Trabajo, al tratarse de un desplazamiento directamente vinculado al ejercicio del voto.

Con estas disposiciones, las autoridades buscan garantizar que ningún trabajador de Aysén quede impedido de ejercer su derecho cívico este domingo. La coordinación entre organismos públicos, empleadores y fiscalización activa pretende asegurar un proceso participativo, informado y resguardado por la ley, reforzando el mensaje central: la democracia también se construye desde el cumplimiento de los derechos laborales.