Siguen saliendo a la luz nuevos antecedentes sobre el modus operandi de los tres imputados en el caso de venta fraudulenta de licencias de conducir al interior de la Dirección de Tránsito del municipio de Coyhaique.
Cabe recordar que el pasado sábado, los dos funcionarios municipales detenidos quedaron sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total. En tanto, un tercer involucrado, funcionario del área de la salud e identificado con las iniciales E.G.S.S., señalado como el presunto coordinador de la red, fue enviado a prisión preventiva y permanece recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la capital regional.
Uno de los puntos más relevantes de la investigación da cuenta de que ambos funcionarios municipales facilitaban o derechamente omitían evaluaciones obligatorias, asegurando la entrega de licencias de conducir en plazos muy inferiores a los establecidos por la ley. Estas prácticas irregulares permitieron beneficiar a numerosos “postulantes”, llegando incluso a obtener licencias profesionales en un solo día, vulnerando los protocolos y la normativa vigente.
Luis Contreras // Fiscal Ministerio Público
En este caso, el funcionario del Servicio de Salud identificado como E.G.S.S., coordinaba y contactaba a interesados en la obtención expedita de licencias de conducir a cambio de pagos que fluctuaban entre $250.000 y $350.000, sin cumplir con los exámenes teóricos y prácticos exigidos por la normativa vigente.
En el allanamiento se encontraron cerca de ocho millones de pesos en efectivo, además se incautaron dos vehículos.
Subcomisario Álex Espina // BRILAC PDI
Incluso se dieron situaciones con cobro de leña por este “trámite”. La persecución penal, según lo planteado por la Fiscalía, no quedará solo en estas tres personas, sino también en quienes adquirieron estas licencias de conducir.
Luis Contreras // Fiscal Ministerio Público
Cohecho y lavado de activos los delitos formalizados la tarde del sábado, en un caso donde la Fiscalía ha sido enfática en que se perseguirán todas las responsabilidades, tanto de quienes facilitaron este mecanismo fraudulento como de quienes se beneficiaron de él. En este caso, el plazo de investigación vigente es de 120 días.

