Polémica y preocupación generó el anuncio de Naviera Austral de suspender los servicios regulares que actualmente opera en el Lago General Carrera, medida que comenzará a regir desde el próximo 10 de enero. La decisión responde a dificultades administrativas que han impedido la continuidad financiera de la operación.
Según informó la empresa, han transcurrido más de seis meses desde el inicio del servicio, el 3 de julio de 2025, sin que hasta ahora se haya formalizado la firma del contrato correspondiente. Esta situación ha imposibilitado la facturación del subsidio asociado al servicio, afectando directamente su viabilidad económica.
El anuncio, publicado en las redes sociales de la empresa, generó molestia en el Gobernador Marcelo Santana, quien criticó al Gobierno, tras esta decisión que podría dejar sin conectividad lacustre a Chile Chico.
Marcelo Santana // Gobernador Regional Aysén
Desde la naviera explicaron que, incluso una vez firmado el contrato, este debe ser revisado y aprobado por la Contraloría General de la República, un trámite que podría extenderse por un tiempo considerable. En este contexto, existe el riesgo de enfrentar un período de hasta un año sin posibilidad de facturar los servicios prestados, lo que hace inviable mantener la operación regular.
Desde el Gobierno en tanto, el Delegado Presidencial Regional Jorge Díaz Guzmán señaló que pese al anuncio, se trabaja en una solución.
Jorge Díaz Guzmán // Delegado Presidencial Regional
Desde el Gobierno reconocieron que existen atrasos que buscan ser subsanados para evitar que los habitantes de Chile Chico queden sin conectividad lacustre.
Jorge Díaz Guzmán // Delegado Presidencial Regional
Naviera Austral, en el comunicado, reiteró su disposición a reanudar los servicios regulares en el Lago General Carrera, siempre que exista un compromiso concreto por parte de las autoridades para la firma del contrato y su posterior tramitación ante Contraloría, permitiendo así la facturación de los servicios adeudados y la sostenibilidad de la operación, en una polémica que crece y donde el principal apuntado es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
