Seremi denuncia al menos un centenar de casos de mal uso de viviendas sociales en la región de Aysén

El sueño de toda familia es poder tener su casa propia. Para cumplir ese anhelo, muchos núcleos familiares a nivel regional deben recurrir a la oferta estatal para hacerse de esas llaves que, entre otras cosas, buscan que puedan proyectar una mejor calidad de vida. 

Por décadas han sido miles las viviendas entregadas a lo largo y ancho de la región, lo que tiene asociado ciertos compromisos por parte de sus propietarios, con incumplimientos evidentes y malas prácticas que van contra la esencia de este beneficio social, ya que se incurre en arriendos o el uso para otro fin del inmueble, situación que fue reconocida por el seremi Fabián Rojas Muñoz.

Fabián Rojas Muñoz / Seremi Vivienda y Urbanismo Aysén 

La autoridad sectorial indicó que tienen cerca de un centenar de denuncias de viviendas sociales que son usadas con fines de arriendo, comerciales, o incluso, como segunda casa. Ante ello aseguró que serán “implacables” en las fiscalizaciones junto al Serviu. Cabe recordar que cada beneficiario tiene un periodo de prohibición de cinco años para la venta y otros fines lucrativos.

Fabián Rojas Muñoz / Seremi Vivienda y Urbanismo Aysén 

Otro tema crítico detectado en el proceso de obtención de una vivienda por parte de familias, es el cobro de una cuota que se realiza por parte de dirigente de comités, “derechos de incorporación” que si bien no es ilegal, sí atenta contra las familias que en su mayoría son de estratos sociales bajos o medios.  

Fabián Rojas Muñoz / Seremi Vivienda y Urbanismo Aysén 

Eso sí, el Secretario Regional Ministerial reconoció que la gran mayoría de los comités cumplen con el rol social, sin desconocer que pudiesen existir costos asociados como la asesoría, contratación de un profesional o la realización de reuniones que impliquen arriendo de un local u oficina, pero aquello sí tendrían justificación.

Por lo mismo, instó a todas las personas inmersas en los comités de vivienda a denunciar hechos irregulares por los canales oficiales y de esa forma poder asegurarse que los beneficios estatales puedan llegar de forma efectiva a personas y familias que de verdad requieren de una solución habitacional.

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