Cuatro defensores ambientales de Aysén presentan recurso de protección por ataques a viviendas y en redes sociales

Cuatro reconocidos dirigentes sociales y defensores ambientales de la Región de Aysén presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, denunciando una campaña de desinformación en redes sociales que, aseguran, ha vulnerado su honra y puesto en riesgo su integridad y la de sus familias.

La acción judicial fue interpuesta por Daniel Caniullán, Nelson Millatureo, Paolo Matissine y Peter Hartmann, luego de la difusión masiva de videos en TikTok y Facebook, en la cual el excandidato al Senado y tiktoker Manuel Anabalón, los acusó de haber recibido 500 millones de pesos desde una organización noruega para “boicotear” la economía regional.

Manuel Anabalón // Tiktoker

Los dirigentes calificaron estas afirmaciones como completamente falsas y señalaron que la información fue construida de manera maliciosa a partir de un reportaje emitido por TVN.

La abogada Karina Riquelme confirmó la acción judicial interpuesta ante el máximo tribunal regional.

Karina Riquelme // Abogada

Según el recurso, tras la viralización de los contenidos se registraron hechos graves, entre ellos un allanamiento ilegal en la vivienda de Peter Hartmann, generando daños y la sustracción de diversas especies

Peter Hartmann // Director Codeff Aysén

El primer hecho afectó al domicilio de Daniel Caniullán en Melinka. Posteriormente se generaron  daños y robos en Isla Galvarino, en el hogar de la familia de Paolo Matissine. Los afectados advierten que ser expuestos públicamente como supuestos “traidores” o agentes extranjeros aumenta el riesgo de violencia y hostigamiento social en los territorios donde viven y trabajan.

Sofía Cabero // Madre de Paolo Matissine 

La controversia ocurre en medio del debate por la Ley Lafkenche y la creciente tensión entre organizaciones ambientales, comunidades originarias e industria salmonera por el uso del borde costero en Aysén. En este contexto, los dirigentes sostienen que las acusaciones forman parte de una estrategia para desacreditar públicamente a quienes defienden la conservación ambiental y los espacios costeros de la Patagonia.

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