El Liceo Bicentenario Altos del Mackay de Coyhaique, ubicado en el sector El Claro, se encuentra en el centro de una preocupante observación de la Contraloría Regional de Aysén, luego que el Informe Final N°183 de 2026, del organismo contralor, revelara que una ampliación de aproximadamente 896 metros cuadrados está siendo utilizada sin contar con permiso de edificación ni recepción por parte de la Dirección de Obras Municipales.
La cuestionada infraestructura alberga 11 salas de clases, baños, pasillos, una bodega y una sala de geotermia, espacios que actualmente forman parte de las actividades habituales del establecimiento. Sin embargo, el organismo fiscalizador advirtió que la construcción fue levantada en una zona de restricción (ZR-2) establecida por el Plan Regulador Comunal, sector donde no se permite este tipo de edificaciones.
Sin autorización sanitaria para el agua potable
Las observaciones no terminan ahí. El informe de Contraloría también detectó que las instalaciones eléctricas y de gas asociadas a la caldera de respaldo del sistema de geotermia no han sido declaradas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). A ello se suma la ausencia de sello verde vigente y la falta de autorizaciones sanitarias para los sistemas de agua potable y alcantarillado, condiciones que generan inquietud respecto de la seguridad y cumplimiento normativo del recinto educacional.
Durante la inspección, además, se identificaron deficiencias en la infraestructura de la ampliación, entre ellas pinturas descascaradas, deterioro en muros y cielos, así como evidencias de filtraciones de agua provenientes de la techumbre.
Reconocido oficialmente pese a falencias
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que, pese a estas irregularidades, el establecimiento obtuvo reconocimiento oficial por parte de la Seremi de Educación de Aysén en los años 2017 y 2022, aun cuando la ampliación observada no contaba con recepción definitiva. Ante este escenario, Contraloría ordenó reforzar los mecanismos de control y remitió los antecedentes a la Superintendencia de Educación para que determine eventuales responsabilidades y adopte las medidas fiscalizadoras correspondientes.
Como resultado de la auditoría, el organismo instruyó al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Aysén continuar con el proceso de regularización de las obras, gestionar las certificaciones pendientes y adoptar medidas preventivas frente a posibles emergencias. Asimismo, deberá informar los resultados de un diagnóstico integral del establecimiento, cuya conclusión está prevista para septiembre de 2026.
La Contraloría también emplazó a la Seremi de Educación a fortalecer sus controles y mecanismos de supervisión, con el objetivo de garantizar que todos los establecimientos educacionales con reconocimiento oficial en la región cumplan efectivamente con las exigencias de infraestructura y seguridad establecidas por la normativa vigente.
El caso abre interrogantes sobre los procesos de fiscalización y control aplicados durante los últimos años, especialmente considerando que cientos de estudiantes y funcionarios han utilizado, al menos desde el año 2017, instalaciones que aún no cumplen plenamente con los requisitos legales y técnicos exigidos para su funcionamiento.

