Con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado frente a nuevas amenazas delictuales, autoridades regionales presentaron en Coyhaique los principales alcances de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), iniciativa del Gobierno que contempla cerca de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional.
La seremi de Gobierno, Bárbara Ortúzar, explicó que la agenda busca reforzar el control fronterizo, mejorar la persecución penal y evitar que organizaciones criminales continúen operando desde los recintos penitenciarios.
Al respecto, la vocera regional detalló que “por eso se ingresó esta Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, o también conocida como ACOT, una agenda que contempla más de 30 proyectos que van en directo beneficio a la gente, a recuperar la seguridad de todos los chilenos y obviamente también de las personas de la Región de Aysén. 20 proyectos de esos ya se están tramitando en el Congreso o ya están en el Senado; por ejemplo, el plan de fortalecimiento a Carabineros o la ley que va a ser despachada como la ley ‘antipelotazos’, que ya tipifica como delito y permite tener sanciones a quienes lanzan cosas hacia la cárcel y también a quienes las reciben”.
Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Jean Paul Zimmermann, destacó el fortalecimiento de las facultades presidenciales y nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.
Sobre las modificaciones normativas y constitucionales, el seremi Zimmermann precisó que “lo que busca esta agenda es precisamente incorporar en el artículo primero la obligatoriedad del Estado de la seguridad pública de manera de poder devolverle la tranquilidad a nuestros conciudadanos. Involucra también reformas al artículo 19 número 3 de la Constitución y también al artículo 39 y 43 donde se establecen las facultades presidenciales para establecer estados de excepción constitucional, creando un nuevo estado de excepción constitucional que es básicamente para poder tener las herramientas de manera de poder combatir al crimen organizado y al terrorismo, fijando sectores de mayor conflictividad donde el Presidente va a poder aplicar estos estados en caso de que esta reforma sea aprobada. Este nuevo estado de excepción constitucional inicialmente sería por 30 días con la posibilidad de una prórroga por 30 días más, y en caso de necesitar nuevas prórrogas ya tiene que ser con acuerdo del Senado”.
Registro de organizaciones y restricciones penales
La propuesta también considera regímenes penitenciarios diferenciados, registros oficiales de organizaciones criminales y nuevas herramientas constitucionales para situaciones de especial gravedad.
En esa línea, Zimmermann añadió que la iniciativa busca “poder introducir esta reforma de manera que sea el Estado el que asegure la seguridad pública a toda la comunidad, y por otro lado trae aparejada una serie de otras medidas como por ejemplo restricciones a los beneficios que se otorgan, contempla inhabilidades para poder tener beneficios y acceder a cargos o actividades de carácter público que son por 5 años y extensivas a 5 años más a partir del cumplimiento de la condena, y también un registro de organizaciones criminales. En ese sentido, lo que busca el Gobierno es poder tener un catastro de cuáles son las organizaciones criminales que están operando en el país de manera de poder otorgarle también herramientas a la persecución penal”.
En una región caracterizada por su extensa geografía y la presencia de pasos fronterizos, la implementación de estas medidas plantea el desafío de adaptar las nuevas capacidades de seguridad a la realidad local. El objetivo será fortalecer la prevención y la respuesta institucional, evitando que el crimen organizado encuentre espacios para instalarse y resguardando la seguridad de las comunidades de Aysén.

