“No tengo nada que ocultar”: Senador Calisto aborda levantamiento de secreto bancario y registro de su oficina por caso Junaeb

En el marco de un operativo judicial por presuntas anomalías en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), personal de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó la entrada y registro de la oficina parlamentaria del senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto, en el Congreso Nacional en Valparaíso. La diligencia, instruida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se desarrolló de manera simultánea en diversas regiones del país.

La indagatoria, dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente, se originó tras una denuncia del Gobierno ante sospechas de delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno, lavado de activos y tráfico de influencias asociados a la empresa proveedora SOSER S.A.

Levantamiento del secreto bancario

A través de una declaración pública, el parlamentario por la Región de Aysén rechazó categóricamente cualquier relación con los ilícitos investigados, sosteniendo que “no tengo ninguna participación en los hechos, así quedará esclarecido en las diligencias”.

Asimismo, Calisto señaló que al momento del procedimiento policial no contaba con el detalle de la carpeta investigativa, indicando que “desconocía los motivos y antecedentes específicos que originan esta diligencia. Frente a la solicitud, entregamos de manera voluntaria e inmediata nuestro equipo telefónico y el acceso a las cuentas corrientes porque no tengo nada que ocultar”.

En esa misma línea, el legislador recalcó que es el “principal interesado en que esta situación se esclarezca plenamente y a la mayor brevedad posible”.

SOSER S.A. en la mira

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, las indagatorias se centran en un presunto mecanismo destinado a favorecer sistemáticamente a SOSER S.A. mediante informes con número de raciones infladas, certificados de pago falsificados, registros adulterados y eventuales pagos indebidos a funcionarios públicos.

Entre los antecedentes que sustentan la investigación figura un informe de la Contraloría General de la República que constató que en 2022 la Junaeb desembolsó más de $3.554 millones a la mencionada proveedora para suministrar 796.043 raciones de la modalidad “once nivel básica”. Sin embargo, la auditoría determinó que de ese total pagado por el Fisco solo se entregaron efectivamente 284 raciones a los establecimientos educacionales.

Respecto de su rol frente al organismo estatal, el senador Calisto enfatizó que “hemos ejercido acciones de fiscalización a la Junaeb justamente para mejorar sus procedimientos, evitar la concentración y mejorar el servicio y los beneficios a los estudiantes. Lo hemos dicho en comisiones y públicamente durante años; por ende, no tenemos nada que esconder”.

Cabe señalar que dentro de la misma causa judicial también figuran requerimientos de información y diligencias relativas a otras figuras públicas, entre ellas el senador Sergio Gahona, el exdiputado Hugo Gutiérrez y la exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio.