A más de 96 horas de registrarse el doble homicidio de Bastián Ramírez y Tomás Rodas al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, el Ministerio Público confirmó que aún no ha solicitado audiencia ante el Juzgado de Garantía para formalizar a los imputados.
La causa fue derivada al Sistema de Análisis Criminal, unidad encabezada por el fiscal Luis González Aracena, mientras los familiares de los jóvenes fallecidos realizaron sus funerales durante el fin de semana a la espera de los avances del proceso penal.
Diligencias pendientes del Servicio Médico Legal y la PDI
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, detalló que la presentación de cargos se concretará una vez que concluyan los análisis encargados a los organismos técnicos.
Al respecto, el perseguidor penal explicó que “la Fiscalía Regional de Aysén está a la espera del informe que debe remitir la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, así como los informes de autopsia, luego de lo cual se va a proceder a solicitar la formalización de las personas que puedan haber tenido participación en calidad de autores en estos hechos, que hasta ahora podrían ser delitos de homicidio. Una vez que se obtenga la información que se encuentra pendiente, se va a proceder conforme a ello solicitando la respectiva audiencia al Juzgado de Garantía de la ciudad de Coyhaique”.
Acciones legales y demandas contra el Estado
Por su parte, los querellantes que representan a las familias de los internos fallecidos avanzan en la recopilación de antecedentes para recurrir ante los tribunales de justicia.
En esa línea, el abogado querellante Víctor Contreras precisó que “hay videos que se puede dar mención clara de quiénes fueron los autores del hecho respecto del homicidio y de los demás lesionados. A través de estos informes y protocolos se van a redactar las querellas criminales, como así también a buscar algunos antecedentes e informaciones, protocolos, algunas declaraciones del mismo centro carcelario, para presentar las demandas civiles respectivas contra el Estado chileno, toda vez que el Estado chileno, como a través de Gendarmería, tiene la obligación y un deber moral de resguardar íntegramente a las personas que están cumpliendo condena o que están procesadas en una prisión preventiva”.
Llamado a la autocrítica institucional
El hecho también provocó cuestionamientos desde diversos organismos. Tras los pronunciamientos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría Penal Pública catálogo lo ocurrido como un evento inédito por su gravedad en recintos penitenciarios de la zona.
Sobre el impacto del caso, el jefe regional de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Cristian Cajas Silva, enfatizó que “debemos hacer una autocrítica para mejorar nuestros procedimientos y evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir. Es evidente que se requieren más recursos para que las unidades penales cuenten con las plazas suficientes, con las dotaciones de funcionarios que permitan evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir y que la reinserción social sea el factor predominante para las personas que están privadas de libertad en las unidades penales de nuestra región”.
Mientras la investigación penal sigue su curso para fijar responsabilidades, los sujetos imputados permanecen en condición de aislamiento dentro del recinto penitenciario. Uno de los jóvenes fallecidos, Tomás Rodas, tenía programada para este viernes 11 de septiembre una audiencia de cierre de investigación en una causa previa.

